“El presidente Kast no está comprometido con la descentralización“, señalaron los gobernadores regionales al evaluar la asignación que les corresponde en la Ley de Presupuesto 2027, denunciando que enfrentan recortes de entre 10% y 20% por región.
La cuarta subcomisión mixta de presupuestos analizó esa partida, y cada gobernador expuso el daño serio que podrían causar los recortes en programas de seguridad, infancia y empleo.
La valoración global de la partida fue desfavorable y el órgano optó por postergar la votación para dar espacio a que el Gobierno inicie un diálogo con la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile.
El diputado del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, justificó la medida y advirtió que la partida todavía podría rechazarse si no se presenta una propuesta que contentara a gobernadores y legisladores.
“No buscamos oponernos de forma gratuita; lo que pretendemos es que los gobiernos regionales cuenten con los recursos y herramientas para atender las demandas de sus territorios; si no se entregan respuestas claras, evidentemente rechazar seguirá siendo una alternativa“, señaló.
“La totalidad de los gobernadores regionales rechaza esta propuesta”
El vicepresidente de la Asociación de Gobernadores Regionales, Rodrigo Mundaca, señaló que la asignación podría producir resultados contrarios a los objetivos que persigue el Ejecutivo con la Ley de Presupuesto.
La autoridad de Valparaíso advirtió que iniciativas vinculadas a la seguridad y al empleo podrían resultar seriamente perjudicadas.
“Se trata de una propuesta que no atiende los temas de seguridad, empleo ni crecimiento; por el contrario, es un presupuesto que profundiza el desempleo en Chile. Todos los gobernadores regionales estamos en contra de esta propuesta“, apuntó.
Pedido de incremento de la deuda
Por su parte, la primera subcomisión mixta examinó la partida 50, relativa al Tesoro Público y fuente de las demás asignaciones. La comisión no pudo votar por la extensión del documento.
No obstante, se abordó la petición del Gobierno de elevar la deuda de 17.400 a 25.000 millones de dólares, planteada mediante el mensaje del proyecto.
El director de presupuestos, José Pablo Gómez, comentó que sin la aprobación de este alza el país podría quedar incapaz de atender sus compromisos actuales y futuros, poniendo en riesgo un posible default.
“Para un país, no pagar una deuda es caer en default. No solo la obligación impaga afecta, sino que puede provocar un efecto en cadena sobre otras obligaciones, de modo que los tenedores de otros bonos, ante el riesgo de impago, podrían exigir pagos anticipados”, afirmó.
La revisión de las partidas se reanudará el 19 de octubre, cuando el Congreso Nacional retome sus labores legislativas después de la semana distrital.
