Otros dos funcionarios de la Armada quedaron en prisión preventiva, acusados de participar en la violación grupal de una joven en Rapa Nui, en la región de Valparaíso.
Este viernes se llevó a cabo en el Juzgado de Letras y Garantía de Isla de Pascua la audiencia de formalización contra otros dos presuntos involucrados en el ataque sexual que habría afectado a una mujer de 23 años. Según la investigación, el episodio se habría producido el 2 de octubre en el interior de la Guarnición Marítima de la Armada en ese territorio.
Por este mismo hecho, hay otros dos funcionarios, actualmente desvinculados de la institución, que también están en prisión preventiva y cumplen la medida cautelar en un recinto de la Armada en Talcahuano, en la región del Bío Bío.
Nueva formalización por presunta violación grupal
En la audiencia de formalización, el magistrado Alex Guzmán impuso la medida cautelar más severa a los imputados al considerar que su libertad constituye un riesgo tanto para la seguridad de la víctima como para la sociedad.
Tras escuchar a las partes, el magistrado dio por acogida la petición del abogado representante de la víctima, Ciro Colombara López, estimando que “los antecedentes existentes justifican la existencia del delito y la participación de los imputados en los términos del artículo 140 del Código Procesal Penal en los hechos materia de investigación”.
Asimismo, determinó que la medida cautelar se cumpla en un recinto naval “por ser miembros de una institución castrense conforme lo establece el Código de Justicia Militar, rechazando así la solicitud de la querellante en orden a que se cumpliese la medida cautelar en un recinto de Gendarmería”.
Frente a esa resolución, el querellante anunció que acudirá al Tribunal Constitucional, sosteniendo que los artículos 434 y 137 del Código de Justicia Militar, que fijan el lugar de cumplimiento de la privación de libertad (detención o prisión) para el personal militar, serían incompatibles con la Constitución.
El magistrado además manifestó que, al fijar la cautelar, se consideró “el componente cultural y de pueblo originario de la víctima”, junto con la pertenencia de los presuntos autores a la Armada de Chile, institución que entre 1853 y 1966 administró ese territorio insular.
Se estableció un plazo de investigación de 80 días.
