La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Chillán aprobó 37 de las 144 solicitudes que internos de diversos recintos penitenciarios de la región de Ñuble presentaron durante el segundo semestre de 2026.
La comisión se reunió el viernes 9 de octubre y examinó los antecedentes de cada solicitante antes de pronunciarse sobre la concesión del beneficio.
De las libertades otorgadas, 12 correspondieron al CCP Chillán, 3 al CDP Quirihue, 5 al CDP de San Carlos, 7 al CET San Carlos, 8 al CDP de Yungay y 2 al CP Femenino de Bulnes.
La normativa exige, entre otros requisitos, haber cumplido por lo menos la mitad de la condena —y dos tercios en el caso de ciertos delitos graves—, mantener una conducta intachable durante la internación y contar con un informe psicosocial emitido por Gendarmería.
Dicho informe evalúa factores vinculados al riesgo de reincidencia y las posibilidades de reinserción social de cada postulante.
Además, desde noviembre de 2023 la legislación incorporó exigencias más estrictas para acceder a la libertad condicional.
Entre esos cambios se dispuso que Gendarmería debe informar al tribunal competente sobre las postulaciones y que las víctimas tienen la facultad de presentar observaciones ante la comisión.
En determinados supuestos, la comisión también puede escuchar directamente a las víctimas o a sus representantes, especialmente cuando se trata de delitos graves o de personas con antecedentes de reincidencia.
La instancia fue encabezada por la presidenta de la Corte de Apelaciones de Chillán, Paulina Gallardo García, e integrada por jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Chillán y de los juzgados de Garantía de Bulnes y Quirihue.
