Este martes, el Gobierno argentino elevó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una petición de «medidas provisionales» con el objetivo de impedir que el Reino Unido lleve a cabo la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de las islas Malvinas.
A través de un comunicado, el Ejecutivo del presidente Javier Milei señaló que la petición «busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas».
Se explicó que la presentación forma parte del procedimiento arbitral iniciado por el Gobierno Nacional el 28 de septiembre de este año, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), con el fin de defender su soberanía y los recursos naturales de todos los argentinos, agregó la nota.
El comunicado concluye resaltando que la República Argentina reafirma sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y subraya: «Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas».
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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 13, 2026
El Gobierno de Milei informó el 28 de septiembre que daría inicio a un pedido de arbitraje basándose en lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), el tratado de 1982 cuyo órgano para resolver controversias es el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).
Argentina busca frenar el avance del proyecto Sea Lion, una iniciativa offshore operada por la firma israelí Navitas (65%) y en la que participa la británica Rockhopper (35%), que proyecta comenzar a extraer crudo en 2028 en la cuenca Malvinas Norte, ubicada a 200 kilómetros al norte del archipiélago.
Las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido y cuya soberanía reclama Argentina, estiman percibir US$2.000 millones en regalías durante 30 años por esta iniciativa petrolera.
No obstante, Argentina considera «ilegales» las autorizaciones otorgadas a las petroleras por el gobierno local de las islas.
Es relevante señalar que el senador por la región de Magallanes y la Antártica Chilena, Karim Bianchi, instó al Gobierno y a la Armada a adoptar medidas de reciprocidad frente a Argentina en caso de que ese país llegara a interceptar al buque chileno Danstar, que prepara un viaje comercial desde Punta Arenas hacia las islas Malvinas.
Bianchi manifestó que, si Argentina pretendiera interceptar un buque chileno, él pediría a nuestro gobierno y a la Armada que respondieran de la misma manera con todas las embarcaciones argentinas, ejerciendo el principio de reciprocidad y apelando al derecho internacional.
Añadió además que la respuesta podría no limitarse al ámbito marítimo y extenderse también por la vía terrestre, donde Argentina tendría mucho más que perder, especialmente en la zona austral y en la salida de sus productos por los puertos chilenos.
