El diputado Enrique Bassaletti, independiente de la bancada del Partido Republicano, impulsa un proyecto de ley que pretende autorizar que personas condenadas que sufran enfermedades terminales, presenten dependencia severa o sean de avanzada edad puedan cumplir sus penas mediante arresto domiciliario total por motivos humanitarios.
La iniciativa, ingresada en junio pasado y respaldada por parlamentarios de distintos sectores, volvió a tomar relevancia tras la muerte de Juan Manuel Aliste Vega, exintegrante del Movimiento Lautaro, quien falleció el domingo 11 de octubre mientras cumplía una condena de 42 años.
No obstante, la propuesta plantea dudas sobre su posible alcance respecto de condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, ya que no incluye una exclusión expresa para ese tipo de ilícitos.
Condiciones que establece el proyecto impulsado por Bassaletti
La moción, registrada bajo el boletín 18353-07, cuenta con el apoyo de Tomás Kast (Evópoli), Luis Pardo (RN), Mario Olavarría (UDI), Pier Karlezi y Gloria Naveillán (Partido Nacional Libertario), Chiara Barchiesi (Republicanos) y Patricio Briones (PDG).
El texto propone, como una excepción, reemplazar la reclusión en cárcel por arresto domiciliario total para personas con enfermedades terminales, dependencia severa o que tengan más de 75 años.
Para quienes pertenezcan a este último grupo se exigiría haber cumplido al menos un tercio de la condena, requisito que se eleva a la mitad cuando se trata de penas por delito grave.
La aplicación de la medida requeriría autorización judicial, tomando en cuenta antecedentes médicos, informes penitenciarios y la intervención de los actores pertinentes; además, podría ser dejada sin efecto si no se cumplen las condiciones impuestas.
Bassaletti indicó que la iniciativa se inscribe “enmarcada dentro de un concepto humanitario y de piedad, misericordia”, especialmente dirigida a quienes enfrentan enfermedades graves e irreversibles.
“[Tiene] que ver precisamente con personas, como, por ejemplo, que va a expirar su vida, porque están con un cáncer terminal, poder pasar su último tiempo con arresto domiciliario total con su familia”, señaló.
¿Se podría aplicar a condenados por crímenes de lesa humanidad?
Un aspecto que genera preocupación es que la norma no excluye de forma explícita a personas sentenciadas por violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, pese a que sí limita su alcance en determinados delitos sexuales contra menores.
Asimismo, la iniciativa contempla su eventual uso para quienes ya estén cumpliendo penas, sin importar la fecha en que se cometieron los hechos o se dictaron las sentencias.
Si se aprobara en los términos actuales, podría abrir la puerta a que condenados por crímenes de lesa humanidad soliciten cumplir el resto de sus condenas en sus domicilios, siempre que cumplan los requisitos y cuenten con una resolución judicial favorable.
No obstante, ello no implicaría anular las penas ni conceder libertad definitiva, sino únicamente modificar excepcionalmente el lugar donde se cumplen.
El tema volvió al centro del debate tras la muerte del exlautarista Juan Manuel Aliste Vega, quien padecía un cáncer terminal y había pedido un indulto humanitario al presidente José Antonio Kast días antes de su fallecimiento.
Su caso reabrió la discusión sobre los beneficios para personas privadas de libertad con enfermedades graves e hizo notar las diferencias políticas sobre su posible aplicación a condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
En ese marco, Bassaletti aseguró que su propuesta “no tiene nada que ver con poner en tela de juicio el trabajo de los tribunales de justicia, ni de los veredictos”, y remarcó que no debe confundirse con un indulto o una amnistía.
El proyecto está en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputadas y Diputados, a la espera de avanzar en su tramitación.
