Después de meses de diálogo entre el Ejecutivo y la firma concesionaria, el presidente José Antonio Kast dio a conocer una reducción en las tarifas del TAG para la Autopista Central (la empresa que explota la Ruta 5 y el eje General Velásquez). La medida promete un respiro para los conductores, aunque también ha abierto un debate por su “letra chica” y los plazos involucrados.
Según lo comunicado por el Gobierno, la disminución en los cobros entrará en vigor oficialmente el 1 de enero de 2027. Al mismo tiempo, el Ministerio de Obras Públicas está analizando y negociando la posibilidad de implementar iniciativas similares en otras autopistas urbanas del país.
¿En qué consiste la rebaja del TAG y cuáles son las condiciones?
El acuerdo establece un sistema tarifario que varía según el horario de circulación:
Horas no punta: Descuento del 10% en la tarifa.
Horas punta: Descuento del 25% en la tarifa.
Hay que tener presente que esto se aplica únicamente a la Autopista Central, es decir, al tramo de la Ruta 5 que atraviesa la región Metropolitana. Por ahora, ninguna otra concesionaria, ni en la región Metropolitana ni en otras zonas, está incluida en este convenio del Ejecutivo.
Desde el Gobierno afirman que la rebaja beneficiaría a unos 1,7 millones de usuarios al mes, aunque su acceso quedará condicionado al pago de las facturas dentro de los primeros 60 días. Es decir, para optar a la rebaja, los usuarios deberán estar al día en sus pagos del TAG.
Como contraparte del acuerdo con la empresa concesionaria, el periodo de operación se ampliará en 20 meses adicionales, lo que implica que la concesión se extenderá hasta abril de 2036 (en lugar de agosto de 2034).
Voces a favor y en contra
El anuncio provocó opiniones encontradas.
Mientras que desde el ámbito económico algunos expertos, como el académico Felipe Berger de la Universidad Adolfo Ibáñez, han resaltado el efecto positivo sobre el presupuesto de los hogares ante las variaciones del IPC y la Unidad de Fomento (UF), los detractores critican con dureza los costos a largo plazo para el Estado y los conductores.
Desde el Partido de la Gente (PDG), su secretario general, Franco Parisi, rechazó el acuerdo, calificándolo de “un muy mal negocio para Chile, pero muy buen negocio para las concesionarias”. Parisi reprochó la extensión de la concesión por 20 meses y sostuvo que el Gobierno debió explorar otras alternativas legales —como el artículo 19 de la ley de concesiones— para fijar topes y suelos a las utilidades de las empresas.
De acuerdo con el excandidato presidencial, si no se imponen límites rigurosos a las ganancias empresariales, el costo acabará recayendo sobre la clase media y los sectores emergentes.
En la misma línea, la ONG No Más TAG y su presidente Andrés Alarcón calificaron la medida como una “burla”. Alarcón afirmó que la rebaja tarifaria viene acompañada de una ampliación contractual sin consulta ciudadana, perpetuando un esquema que, a su juicio, requiere reformas profundas en la ley de concesiones en vez de soluciones puntuales.
“Es insuficiente y realmente es una burla lo que le están haciendo a la gente. Creo que buscaron la excusa perfecta para poder hacer una mínima rebaja, para hacer una extensión de contrato, donde no le consultaron a la gente si quiere seguir perpetuando este modelo”, sostuvo.
