La Fiscalía boliviana informó este lunes que abrió una nueva investigación contra el expresidente Evo Morales por presuntos delitos de asesinato y tortura vinculados a un operativo policial en el que en 2009 fallecieron tres ciudadanos europeos.
Hace 17 años, una unidad policial irrumpió en un hotel de la ciudad de Santa Cruz y abatió a tiros al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, al irlandés Michael Dwyer y al húngaro-rumano Arpad Magyarosi.
Lograron sobrevivir el boliviano-croata Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, ambos denunciaron haber sido torturados tras su detención.
En ese momento, el gobierno de Morales sostuvo que un grupo encabezado por Rózsa Flores pretendía fomentar un movimiento separatista, supuestamente financiado por la élite económica de derecha de Santa Cruz.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, comunicó la apertura de una investigación preliminar contra el exmandatario indígena, una semana después de ser nombrado por el Congreso tras la detención de su antecesor, Roger Mariaca, acusado de narcotráfico y lavado de activos.
En un oficio dirigido al Tribunal Supremo de Justicia, Urioste notifica «el inicio de la fase de acumulación de antecedentes» contra Morales y su exvicepresidente Álvaro García Linera «por la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas y privación de libertad».
Caso «Hotel Las Américas»
La decisión responde a una denuncia presentada por las congresistas Tomasa Yarhui y Rodrigo Antonio. El legislador confirmó a la AFP que se trata del caso conocido como «Hotel Las Américas».
Parientes y víctimas llevaron el asunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 determinó que el Estado boliviano cometió violaciones a los derechos humanos y remitió el expediente a la Corte Interamericana.
El parlamentario Antonio afirmó que «no hubo un enfrentamiento entre las fuerzas del orden con estas personas», sino que «fueron ejecutados extrajudicialmente».
Aquel día, durante una visita oficial a Venezuela, Morales dijo a la prensa que había ordenado el operativo para detener a los extranjeros, a quienes acusó de «mercenarios», una declaración que para Antonio significa que el exmandatario «había dejado instrucciones precisas para que esto sea ejecutado».
No se han pronunciado de momento ni Morales ni su exvicepresidente.
Instalado en su bastión cocalero del Chapare, Morales ya tiene dos órdenes de captura activas por investigaciones sobre su presunta participación en las protestas que este año paralizaron el país durante 53 días y por una acusación de presunta trata de una menor con la que el expresidente habría tenido una hija. Él niega los cargos.
