La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, informó este lunes sobre un conjunto de normas de comportamiento que aplicarán en las escuelas públicas, las cuales contemplan la expulsión de estudiantes violentos, medidas contra el acoso escolar y la prohibición de maquillaje, cabello largo o teñido y de dispositivos electrónicos en las aulas.
«El orden no es solo para las calles, debe volver a nuestras escuelas y aulas», subrayó Fujimori al señalar que las nuevas reglas serán sometidas a aportes de la sociedad civil antes de su entrada en vigor.
La gobernante dijo que la idea es «abrir un debate», ya que «la violencia entre estudiantes, las agresiones a integrantes de la comunidad educativa y las conductas que ponen en peligro la integridad de niños y adolescentes demandan una respuesta firme, oportuna y responsable».
Explicó que las disposiciones incluyen «sanciones y amonestaciones proporcionales y con criterios de gradualidad», aunque en los episodios más graves de violencia, «se restaura la expulsión» de los estudiantes.
La mandataria insistió en que las autoridades no van «a tolerar ni admitir el bullying, la violencia ni el acoso sexual» y exhortó a los alumnos a denunciar esos hechos ante las autoridades educativas «porque de inmediato esa persona será remitida al Ministerio Público y a la Policía Nacional».
«Debemos comprender que existen límites; hay derechos pero también obligaciones», añadió, y confirmó que las normas establecen que «los dispositivos electrónicos y los celulares están prohibidos, salvo autorización del docente».
Por su parte, el ministro de Educación, José Antonio Chang, afirmó que «dentro de la escuela ya no habrá chicos que agredan a otros» y señaló que también se han implementado medidas «sobre la presentación personal y la disciplina en la institución educativa».
«No se permitirán maquillajes, uñas pintadas, cabellos excesivamente largos o teñidos, y se exigirá que las faldas escolares tengan una longitud adecuada», detalló.
El ministro aclaró que estas últimas disposiciones aplicarán «a todas las instituciones públicas», mientras que los colegios privados podrán fijar sus propias normas de presentación interna.
Las medidas fueron anunciadas después de que, el pasado 15 de septiembre, una denuncia por la presunta violación de un estudiante de 16 años por parte de sus compañeros mientras viajaban en un bus escolar provocara una gran indignación, y un tribunal de Lima dispusiera cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes.
Todos los involucrados eran alumnos del Liceo Naval Almirante Guise, administrado por la Marina de Guerra, y fueron ingresados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, en el distrito de San Miguel.
El caso motivó denuncias de otros episodios de acoso y violencia en centros educativos del país, además de acusaciones sobre la supuesta presencia de racismo y clasismo en una institución administrada por la Marina.
A raíz de ello, el Gobierno dispuso la reorganización del Liceo Naval y transfirió su gestión al Ministerio de Educación hasta el próximo año, una decisión que, según Chang, está contribuyendo a recuperar «el orden y la disciplina» en ese colegio.
