El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, afirmó que el Gobierno protegerá la soberanía nacional y velará por el cumplimiento de la ley frente al inminente viaje del buque chileno Danstar, que busca conectar Punta Arenas con las Islas Malvinas.
El proyecto pretende reabrir una ruta marítima destinada al traslado de alimentos, materiales de construcción y otros insumos hacia el archipiélago.
No obstante, la propuesta ha provocado objeciones en Argentina, que mantiene su reclamo de soberanía sobre las islas y ha advertido sobre posibles sanciones para quienes participen en su actividad económica.
En ese contexto, Mas respaldó que empresas chilenas realicen actividades comerciales siempre que se ajusten a la normativa vigente, y subrayó que corresponde al Ejecutivo garantizar que dichas operaciones se desarrollen dentro del marco legal.
El biministro reiteró que se trata de un acuerdo entre privados, marcando distancia respecto de las advertencias argentinas por la reactivación de la vía comercial.
“Es un acuerdo, un negocio entre privados; permitiremos que opere en esa línea. Corresponde al Gobierno garantizar la soberanía y el cumplimiento de las leyes. El Ejecutivo establece el marco, pero esto es un convenio estrictamente entre privados”, apuntó.
Sus declaraciones surgen en un ambiente de preocupación por un posible incidente diplomático con Argentina. Informes de inteligencia chilenos, publicados por BioBioChile, advierten sobre la eventualidad de que fuerzas trasandinas intercepten la embarcación en su viaje inaugural, previsto para fines de noviembre o principios de diciembre.
Para el senador por la región de Magallanes, Alejandro Kusanovic, el asunto supera la dimensión de un convenio privado, considerando la relevancia del intercambio comercial para la zona austral y las posibles repercusiones de la operación.
“Considero que es algo bastante más complejo que un asunto privado; aquí intervino la Municipalidad de Punta Arenas, que también actúa como representante del Estado; hay que evaluar todas las variables y los efectos que esto puede tener”, señaló.
En tanto, el senador Rojo Edwards pidió al Gobierno argentino actuar con sensatez y tener presente que la ruta pretende asegurar el suministro de productos esenciales para la población del archipiélago.
“Entiendo que se trata de un contrato para aprovisionar a una comunidad con pollo, carne y leche; no veo inconveniente alguno. Espero que el gobierno argentino aborde este tema con racionalidad”, sostuvo.
La disputa también se intensificó al otro lado de la cordillera. El presidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales, amenazó con detener el buque chileno, y autoridades trasandinas han advertido sobre posibles medidas contra empresas que participen en actividades económicas en las islas, cuya soberanía reclama Buenos Aires.
