Los residentes de El Olivar en Viña del Mar, región de Valparaíso, acudieron a instancias legales tras conocer los peritajes judiciales sobre las viviendas del sector, los que concluyeron que no presentaban falencias constructivas y, sin embargo, recibieron la orden de ser demolidas por instrucción del Ministerio de Vivienda.
Por ello, la comunidad interpuso un nuevo recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el seremi Marcelo Ruiz, buscando evitar la demolición de las casas que se levantaron en el marco del Plan de Reconstrucción tras el megaincendio de 2024.
El abogado que representa a las familias, Juan Andrés Pavéz, afirmó que sus representados han mostrado inquietud sobre el destino de sus hogares, porque se mantiene lo que ellos califican como una demolición encubierta, mientras aguardan una orden formal de desmantelamiento.
Pavéz explicó que existe una amenaza real, vigente e inminente de demolición de las viviendas de mis representados, y que se ha requerido información a los responsables y a la dirección de obras de la Municipalidad de Viña del Mar, sin que hasta el momento se haya presentado autorización alguna para demoler. Señaló que esto ha incrementado la ansiedad de las familias, que han recurrido a la justicia para frenar esta demolición encubierta.
Erika Maira, abogada de la entidad patrocinante Social Arquitectura, sostuvo que, efectivamente, cualquier defecto puede corregirse conforme a los contratos suscritos y subrayó que la situación que enfrentan los pobladores de El Olivar es crítica en lo que refiere a la protección de sus propiedades.
Maira agregó que toda observación puede y debe ser subsanada según los contratos que así lo establecían, y puso de manifiesto el perjuicio que están sufriendo las propiedades de las familias por el abandono, el vandalismo y los robos, daños a los que han quedado expuestas tras la decisión, a su juicio arbitraria, del ministro de Vivienda y Urbanismo de paralizar su reconstrucción.
En tanto, el abogado de la constructora San Sebastián, Jaime Barrientos, reiteró que la empresa continúa buscando soluciones legales concretas tras la presentación de una demanda civil en agosto pasado, y recordó la gestión realizada ante la Contraloría, con la expectativa de que se determine la inhabilidad tanto del ministro de Vivienda como del seremi de la cartera en la región de Valparaíso.
Barrientos manifestó que la demanda civil ya fue interpuesta y se encuentra en trámite, y que además acudieron a la Contraloría General de la República esperando que esta entidad declare la inhabilidad que, según la empresa, afecta tanto al ministro como al seremi de Vivienda, puesto que carecen de imparcialidad para conocer los procedimientos administrativos instruidos contra la constructora.
Conviene recordar que los peritajes concluyeron que las anomalías detectadas se originarían en el diseño, el cálculo estructural y la formulación del proyecto, y no en la ejecución material de la obra por parte de la constructora.
