Surgió una nueva polémica sobre la gestión de recursos de Codelco, luego de que el diputado Daniel Valenzuela (IND-RN) denunciara la existencia de préstamos millonarios otorgados por la estatal a organizaciones sindicales, algunos de los cuales, según afirmó, arrastran deudas por hasta 35 años.
Los antecedentes provienen de una respuesta oficial enviada por la Corporación Nacional del Cobre a la Cámara de Diputados, tras un requerimiento de información presentado por el parlamentario para indagar los mecanismos de financiamiento, préstamos y beneficios entregados a los sindicatos de la compañía.
El escrito, fechado el 6 de octubre de 2026 y suscrito por el presidente ejecutivo de Codelco, Jorge Gómez, aporta datos sobre créditos concedidos a organizaciones sindicales y detalla las normas que regulan los aportes y beneficios que entrega la empresa.
De acuerdo con las cifras presentadas por Valenzuela, los préstamos suman US$24 millones, mientras que más de US$20 millones seguirían pendientes de cobro, un hecho que motivó al legislador a poner en duda los mecanismos de control y recuperación de esos fondos.
“¿Cómo se explica que Codelco otorgue préstamos millonarios que permanecen impagos durante décadas? ¿Se presta dinero sin garantías suficientes y sin tener la certeza de que será devuelto?”, planteó.
En ese sentido, el diputado advirtió que, de haberse entregado recursos sin asegurar su recuperación, estaríamos frente a una situación que exige aclaraciones inmediatas y la determinación de responsabilidades.
Antecedentes proporcionados por Codelco
La respuesta de la estatal incorpora una tabla con créditos otorgados a organizaciones sindicales de distintas divisiones, entre ellas Chuquicamata, Salvador y El Teniente, además de la Federación de Supervisores del Cobre.
El documento también adjunta la Norma Corporativa, que fija los criterios para la entrega, aprobación, rendición y control de aportes a organizaciones sindicales y gremiales.
En sus disposiciones, la normativa contempla mecanismos de trazabilidad y rendición de cuentas de los recursos, junto a restricciones diseñadas para evitar que los aportes se consideren donaciones o liberalidades.
No obstante, Valenzuela sostuvo que la información conocida plantea dudas sobre las condiciones en que se concedieron esos préstamos y sobre las medidas adoptadas para recuperar las sumas adeudadas.
“La pregunta es muy simple: ¿Se exigieron las garantías correspondientes al momento de otorgar estos préstamos? ¿Qué acciones judiciales se han iniciado para recuperar los recursos? ¿Quién responde por una deuda de más de US$20 millones que sigue pendiente?”, manifestó.
El parlamentario recalcó que no puede permitirse que millones de dólares permanezcan impagos durante décadas sin que exista claridad sobre las acciones tomadas para su recuperación.
Solicita intervención de la Contraloría y alerta sobre una posible privatización
Ante estos antecedentes, el diputado pidió que la Contraloría General de la República revisara las operaciones, verificara si los procedimientos aplicados por Codelco se ajustaron a la normativa vigente y estableciera eventuales responsabilidades administrativas.
Asimismo, solicitó que los antecedentes se remitan al Ministerio Público si la revisión arroja indicios de posibles delitos, para evaluar la conveniencia de iniciar una investigación penal.
Valenzuela también cuestionó la relación entre la administración de la empresa y las organizaciones sindicales, acusando que este tipo de operaciones podría poner en riesgo la independencia de los trabajadores frente a la compañía.
“Literalmente se están comprando a los trabajadores”, sostuvo el parlamentario al cuestionar los préstamos.
Finalmente, advirtió que la ausencia de explicaciones y de medidas para recuperar los recursos podría reabrir el debate sobre el destino de la propiedad de la cuprífera.
“Si seguimos conociendo antecedentes de esta naturaleza y no existen explicaciones satisfactorias ni medidas concretas para recuperar la plata, después no se quejen cuando la privatización de Codelco vuelva a ponerse sobre la mesa”, apuntó.
“Codelco pertenece a todos los chilenos, no a los ejecutivos ni a los sindicatos. Su patrimonio debe administrarse con responsabilidad, transparencia y sin privilegios”, concluyó.
