La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Fisco indemnizar con $100 millones a una entonces niña que fue agredida y torturada por funcionarios de la Armada durante la dictadura militar cuando tenía apenas dos años, quedando con secuelas que el tribunal consideró permanentes.
Se trata de Ewa Ebers Oberreuter, quien se encontraba en una vivienda en Valparaíso cuando detuvieron a su madre y a su abuela materna en 1975, empleando la fuerza para consumar la aprehensión. La menor, que sirve como caso emblemático en el fallo, recibió un golpe en la boca con un arma por parte de uno de los uniformados.
Estos hechos dejaron una marca en su vida. Entre las secuelas reconocidas por la justicia figuran problemas de salud mental, trastornos psicopedagógicos y desajustes en su ritmo circadiano.
En ese contexto, la sentencia elevó de $50 millones a $100 millones la indemnización que había fijado el 2.º Juzgado Civil de Santiago el 22 de diciembre de 2025, atendiendo de forma especial la corta edad de la víctima al momento de la tortura.
Agredida con apenas dos años
En el fallo, el tribunal acreditó que la niña sufrió agresiones junto a integrantes de su familia por motivos políticos vinculados con su madre.
“Fue detenida en su domicilio junto a su abuela materna en 1975, sufriendo la ocupación de su vivienda y apremios de gravedad como, a sus dos años, recibió un golpe con un arma en la boca por un funcionario de la Armada”, detalla el fallo.
Los magistrados igualmente destacaron las repercusiones físicas y psicológicas que tuvo la violencia sobre ella, así como la persecución que padeció desde muy temprana edad y la posterior separación de su familia.
“Fue detenida siendo menor de edad -2 años-, sufriendo constante persecución, circunstancia que motivó la separación de su grupo familiar y que produjo efectos, entre otros, en su salud mental, llevándola a padecer trastornos psicopedagógicos y alteraciones en su ritmo circadiano, como secuelas permanentes en su proyecto de vida”, sostiene el fallo.
La Corte también invocó la Convención sobre los Derechos del Niño para subrayar la gravedad de los hechos, haciendo hincapié en la especial vulnerabilidad de la víctima por su edad.
En esa línea, calificó lo ocurrido como una “gravísima transgresión a sus derechos humanos y a su especial condición de vulnerabilidad como menor de edad, cuyas secuelas físicas y psicológicas son de carácter permanente”.
Finalmente, considerada la gravedad de los hechos, la corta edad de la víctima y el carácter duradero de las secuelas, el tribunal determinó aumentar a $100 millones el monto reparatorio a pagar.
