El debate sobre posibles gestos humanitarios hacia quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad provocó un foco de tensión dentro de la oposición. Esto ocurrió después de que Carolina Tohá y el senador Fidel Espinoza (PS sugirieran tener en cuenta la situación sanitaria de los internos con enfermedades terminales.
Sus manifestaciones reavivaron las diferencias en la centroizquierda respecto a los límites de este tipo de medidas y sobre cómo conciliar criterios humanitarios con las demandas de justicia y la memoria de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
El conflicto se desató tras que Tohá defendiera la posibilidad de que personas en fase terminal puedan pasar sus últimos días junto a sus familias. La exministra aclaró que su planteamiento no se orienta necesariamente a recurrir a indultos presidenciales, sino a indagar en mecanismos institucionales que permitan abordar estos casos.
En la misma línea, el senador Espinoza también sostuvo que es necesario incorporar criterios humanitarios para quienes enfrentan enfermedades terminales.
Fricciones en la centroizquierda por gestos humanitarios
A esos planteamientos se añadieron otras voces que han propuesto alternativas al indulto presidencial, aunque la iniciativa no ha conseguido un apoyo transversal dentro de la oposición.
Desde el Frente Amplio, el diputado Jaime Bassa criticó con dureza las declaraciones de Tohá, calificándolas de “sumamente erradas y políticamente temerarias”.
“No es admisible aprovechar el caso Aliste Vega para abrir un debate sobre beneficios penitenciarios para condenados por crímenes de lesa humanidad, porque la compasión no puede servir para relativizar delitos cometidos por el Estado. Tohá debería saber que en materia de derechos humanos no cabe la impunidad”, expresó.
Por su parte, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se distanció de la propuesta y recordó que su colectividad determinó que “no puede haber ningún espacio para la impunidad”.
“Las personas que hoy cumplen condenas en los distintos recintos penitenciarios por violaciones a los derechos humanos lo hacen por hechos gravísimos, como el secuestro, la tortura, el homicidio calificado, de manera tal que esas personas están cumpliendo sentencias y no hay ninguna posibilidad de que desde nuestro partido respaldemos los indultos presidenciales”, sostuvo.
Esas discrepancias evidencian la pluralidad de posturas dentro de la centroizquierda sobre cómo tratar a condenados por violaciones a los derechos humanos que padecen enfermedades terminales.
Mientras algunos dirigentes ponen el énfasis en las condiciones humanas de los reclusos, otros advierten del riesgo de debilitar las exigencias de justicia y las demandas de las víctimas.
El intercambio se produce, además, en un escenario marcado por las solicitudes de indulto promovidas por sectores de derecha y por la discusión sobre qué papel debe asumir el Gobierno frente a estos casos.
