El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, se expresó en un video sobre la petición de ocho años de prisión que el Ministerio Público formula en su contra por un presunto delito reiterado de cohecho en el caso Puerto Coronel.
En la investigación contra el jefe comunal se le imputa haber recibido sobornos por 82 millones de pesos, montos que, según la acusación, fueron entregados por orden de exgerentes del Puerto Coronel, quienes también están formalizados en la causa.
Tras hacerse pública la formalización presentada por el Ministerio Público y las penas solicitadas para los imputados, el alcalde —con militancia suspendida del Partido Socialista— grabó un video en el que afirmó creer plenamente en las instituciones.
“He sido siempre respetuoso y prudente respecto del debido proceso y mantengo plena confianza en las instituciones, pero ha llegado el momento de hablar. Sin duda este ha sido el proceso más difícil de mi vida, sin embargo soy hijo de Coronel y pertenezco a una generación que nos enseñó a no renunciar”, señaló.
“En esta nueva etapa podremos acreditar nuestra inocencia, aportar las pruebas necesarias y, por encima de todo, restaurar mi honra, la de mi familia y la de quienes nos aprecian”, añadió en el registro que difundió en sus redes sociales.
Chamorro igualmente pidió “apaciguar las malas intenciones y las ansiedades de algunos”, asegurando que continúa trabajando en beneficio de los vecinos.
Sanciones solicitadas por la Fiscalía en el caso Puerto Coronel
El alcalde coronelino y el exconcejal Eduardo Araya enfrentan penas que, sumadas, alcanzan ocho años de prisión por el delito de cohecho. Según la fiscal Glenda Lagos, a Chamorro se le atribuye haber recibido sobornos por 82 millones de pesos y a Araya por 70 millones.
En relación con esos ejecutivos, el Ministerio Público solicita sanciones que en algunos casos llegan a 38 años de prisión, como ocurre con Eduardo Hartwig, a quien se le imputan cargos por soborno, administración desleal y delitos tributarios.
La Fiscalía pide 18 y 28 años de prisión, respectivamente, para Javier Anwandter y Daniel Chamorro, mientras que para los contratistas del puerto Víctor Olivares y Hernán Romero —este último hermano del exdiputado Leonidas Romero— las penas requeridas alcanzan los 7 años por delitos de administración desleal y por facilitar facturas falsas.
