Desde la bancada de la UDI informaron que el Ejecutivo aceptó suprimir una disposición incluida en la reforma al mercado de capitales —conocida como MK4— que pretendía modificar la vigente Ley de Fraudes y que, a juicio de esos diputados, podía perjudicar a quienes han sido víctimas de estafas bancarias.
El comunicado lo realizó la jefa de la bancada, Flor Weisse, junto a los diputados Jaime Coloma, Marco Antonio Sulantay y Natalia Romero, quienes aseguraron que obtuvieron la confirmación de manera directa desde el Ministerio de Hacienda.
La disposición impugnada proponía cambiar la Ley 20.009, reduciendo el estándar de responsabilidad exigido a los clientes en casos de extravío, hurto, robo o fraude bancario de “culpa grave” a “culpa leve”. Para los parlamentarios, esa modificación podría mermar las garantías de quienes realmente son víctimas de operaciones fraudulentas.
A fines de septiembre, los legisladores gremialistas ya habían anunciado que votarían en contra de esa disposición, sosteniendo que, aunque es necesario perseguir este delito, las medidas no deben afectar a los usuarios perjudicados.
En ese sentido, aseguraron que las instituciones financieras deben reforzar sus mecanismos para detectar operaciones sospechosas y prevenir estafas, en lugar de trasladar una mayor carga de responsabilidad a los clientes.
La disposición sería eliminada mediante una indicación
Según lo informado por los diputados, el Gobierno materializaría esta determinación por medio de una indicación que tendría que presentarse cuando el proyecto se vote en particular en la Comisión de Hacienda.
En este marco, señalaron que “las auténticas víctimas de estafas bancarias no pueden quedar desprotegidas por las vulnerabilidades existentes en el sistema financiero”.
“Si la intención es enfrentar a las bandas que cometen estos delitos y a quienes se aprovechan de la normativa vigente para perpetrar autofraudes, estamos dispuestos a hacerlo, endureciendo sanciones y reforzando los mecanismos de prevención; pero no podemos permitir que esas medidas acaben perjudicando a miles de clientes que en realidad han sufrido una estafa y que requieren respuestas”,
En esa línea, destacaron que Hacienda accediera a retirar la disposición, que, según indicaron, “venía debilitando la protección de los usuarios”.
Fraudes dirigidos a adultos mayores
Otro argumento expuesto por los parlamentarios fue el aumento de las estafas bancarias que afectan a las personas mayores.
Con datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito citados por los diputados, se registra un incremento desde 1.969 casos en 2018 hasta 9.180 en 2025.
“Cuando miles de adultos mayores resultan víctimas de estos fraudes, en parte por las dificultades que algunos enfrentan para adaptarse a los avances tecnológicos, la respuesta del Estado no puede ser dejarlos en situación de indefensión, sino garantizar su seguridad”, señalaron al respecto.
Finalmente, reiteraron su disposición a apoyar medidas que permitan combatir estos delitos y a fortalecer los mecanismos de prevención, sin que ello afecte a los clientes perjudicados.
