Las defensas de los acusados por los casinos ilegales volvieron a criticar al Ministerio Público, por haber autorizado a la Asociación de Casinos, en su calidad de querellante, custodiar los tragamonedas incautados durante los allanamientos de 2024 en Concepción.
Frente a esa situación, los abogados estiman que el nuevo fiscal regional debería reevaluar la viabilidad de un eventual juicio.
En un oficio fechado el 5 de agosto de 2025 y firmado por la entonces directora ejecutiva Ximena Hassi, la Fiscalía Regional del Bío Bío reconoció que había entregado a la Asociación de Casinos la custodia de los 1.500 tragamonedas incautados en el operativo que terminó con 19 detenidos.
El proceso hoy está dividido en tres causas y todas se encuentran en la etapa de preparación de juicio, tras imputaciones que ponen en juego penas de hasta 25 años de cárcel, por delitos que van desde la explotación de casinos ilegales, a la asociación ilícita, el lavado de activos y el comercio clandestino.
No obstante, las defensas sostienen que el hecho de que “el cuerpo del delito”, es decir las máquinas de juego, hayan permanecido en poder del querellante, las invalida como prueba, señaló de forma categórica el abogado César Irribarra.
La investigación se inició cuando la Fiscalía Regional estaba a cargo de Marcela Cartagena. Al ser consultado si el nuevo jefe del Ministerio Público, Roberto Garrido, conocía lo denunciado, Irribarra dijo que no lo sabía, aunque manifestó la esperanza de que, de estar informado, desistiera de llevar el caso a juicio.
Giovanni Gotelli, otro de los defensores, afirmó que no estaba de acuerdo en hacer un llamado al fiscal regional y prefirió dejar en sus manos la decisión sobre si adoptar medidas ante lo que calificó como un manejo ilegal de la evidencia.
Desde la Fiscalía Regional del Bío Bío indicaron que, hasta ahora, el fiscal Roberto Garrido no ha recibido una presentación formal sobre el tema.
