Hasta hace pocas semanas, Fernando Rabat era una de las excepciones dentro del gabinete del presidente José Antonio Kast. Mientras otros ministros tenían problemas para relacionarse con la oposición, el titular de Justicia se había ganado un reconocimiento transversal por su disposición al diálogo y su capacidad para acordar soluciones.
Su manera de actuar llegó incluso a recibir un nombre propio: el “método Rabat”. Esa fórmula, en medio de las fricciones entre La Moneda y el Congreso, había situado al secretario de Estado entre los interlocutores mejor valorados por sectores políticos que habitualmente critican al Ejecutivo.
No obstante, ese capital político empezó a resquebrajarse cuando salieron a la luz las rebajas de penas concedidas por decretos a personas condenadas por delitos sexuales contra menores y a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.
La polémica no solo ubicó al ministro en el centro de las críticas, sino que abrió un frente especialmente delicado para un gobierno que ha puesto la seguridad y la protección de las víctimas en el eje de su discurso.
Y aquello que empezó como un debate sobre la interpretación legal terminó por transformarse en un riesgo para la permanencia política de Rabat.
Del reconocimiento a la posibilidad de una acusación
Un caso claro del viraje en el escenario es el del diputado del PPD, José Montalva, quien en el pasado elogió el llamado “método Rabat” y hoy sostiene que existen antecedentes suficientes para promover una acusación constitucional.
“La verdad es que no se entiende no solamente los hechos, sino cómo ha reaccionado el gobierno”, criticó, refiriéndose a las explicaciones sucesivas que ha dado el Ejecutivo.
Advirtió que la controversia “no solamente genera incertidumbre, sino que genera la desesperanza de familias que vieron una condena y que después se rebaja”.
Su diagnóstico fue claro: “Yo creo que aquí no hay otra alternativa que la acusación constitucional”.
Al mismo tiempo dejó una puerta abierta para el ministro: “Si hay espacio para que el ministro hoy pueda revocar esas decisiones administrativas, que lo haga ya”.
El giro en el tono es notorio. Quien antes valoraba la capacidad de entendimiento del secretario de Estado ahora habla de recurrir a uno de los instrumentos de control político más drásticos previstos en la Constitución.
Y Montalva no actúa en solitario.
La bancada del Frente Amplio pidió al presidente Kast que exija la renuncia de Rabat, mientras el diputado comunista Luis Cuello sostuvo que las rebajas de penas dejan al titular de Justicia en una “posición indefendible”.
“Él fue desmentido por la Corte Suprema. A mi juicio, el ministro de Justicia debe dar un paso al costado, debe renunciar”, declaró Cuello, sin perjuicio de las medidas que la oposición pueda acordar en conjunto.
Las críticas también alcanzan las explicaciones entregadas por el ministro, quien admitió un cambio de criterio administrativo después de pronunciamientos judiciales, pero defendió la aplicación de la normativa.
La polémica se agravó cuando la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, recordó que fue el Ministerio de Justicia el que firmó los decretos amparado en sus atribuciones legales.
A ello se añadió otro dato políticamente incómodo, que fue señalado por el propio Rabat: el propio presidente Kast desconocía el cambio de criterio aplicado por la cartera.
También surgen dudas dentro del oficialismo
Las complicaciones de Rabat no se circunscriben a la oposición. En el oficialismo admiten que la situación se ha vuelto compleja y que la defensa del ministro no será incondicional.
“Está difícil”, reconoce una fuente del sector, mientras otra califica la situación de “indefendible”, sobre todo por la gravedad de los delitos implicados.
A ello se suman cuestionamientos que, fuera de micrófono, algunos parlamentarios oficialistas han dirigido contra los asesores del ministro. Las críticas se centran en la falta de experiencia de miembros de su equipo y en dificultades para manejar las dinámicas políticas y administrativas propias de un gobierno.
La incomodidad ha tenido expresiones públicas. La diputada Marlene Pérez (Ind.-UDI) acudió al ministerio para entrevistarse con Rabat y el subsecretario, pidiendo que se haga todo lo posible por revertir las decisiones.
“El presidente Kast fue claro en decir que iba a colocar a los niños primero, por lo tanto, yo le exijo al gobierno que no puede aceptar que estos abusadores tengan beneficios”, afirmó.
Por su parte, desde el Partido Republicano, los diputados Valentina Becerra y Luis Fernando Sánchez plantearon la necesidad de ajustar la normativa para limitar las rebajas de penas en casos de delitos graves.
Sánchez contó que Rabat les explicó que las decisiones obedecían a un criterio judicial de larga data, mientras Becerra admitió que el ministerio estaba aplicando su propia interpretación de la ley vigente.
De este modo, mientras parte del oficialismo busca corregir el marco legal, comienzan a surgir inquietudes sobre el precio político que podría pagar el jefe de la cartera de Justicia.
Una acusación que aún divide a la oposición
La amenaza más concreta para Rabat se está configurando en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde la oposición evalúa recurrir a una acusación constitucional.
Hasta ahora, la Democracia Cristiana es el único partido que ha fijado una postura formal como bancada, mientras las demás colectividades evalúan opciones. Para este viernes está prevista una reunión de sectores opositores en la que se espera definir los próximos pasos.
El Partido Socialista también se ha movilizado. Su mesa directiva, junto al jefe de bancada Raúl Leiva, citó a un punto de prensa para el viernes en que abordarán la posibilidad de presentar una acusación constitucional por los decretos que rebajaron condenas.
No obstante, la ofensiva aún enfrenta discrepancias internas.
Mientras algunos parlamentarios estiman que hay fundamentos constitucionales para acusar al ministro, otros advierten que no cuentan con los votos necesarios para que la acción prospere.
En las conversaciones opositoras, el Partido de la Gente (PDG) aparece como una pieza clave para una eventual acusación constitucional. Aunque diputados de esa colectividad han criticado con dureza las rebajas y pedido responsabilidades políticas, hasta ahora no han comprometido públicamente su apoyo a una acción contra Rabat.
La discusión opositora se divide entre quienes consideran que la severidad de los hechos justifica una acusación, aunque no tenga segura viabilidad, y quienes juzgan contraproducente impulsar una ofensiva destinada a fracasar.
Por ahora, la acusación no está presentada y tampoco existe certeza sobre los apoyos que podría reunir. Pero su simple debate añade nueva presión sobre el ministro.
De hecho, el Partido Comunista decidió, por ejemplo, priorizar una sesión especial de la Cámara y dejar una eventual interpelación para una etapa posterior, en función de las explicaciones que entregue el Ejecutivo.
¿Qué le espera al “método Rabat”?
El contraste con septiembre es notable. En ese entonces, el ministro era valorado por una fórmula que combinaba trabajo legislativo, presencia en el Congreso y apertura para escuchar a sectores ajenos al Gobierno.
El propio Montalva sintetizó esa apreciación con una frase que hoy suena distinta: “Escuchar no debilita la seguridad, la mejora”. Era una de las virtudes que le atribuía a Rabat al compararlo con las dificultades del ministro de Seguridad, Martín Arrau.
Poco más de un mes después, el mismo parlamentario piensa que no existe otra alternativa que una acusación constitucional.
La paradoja es que Rabat forjó gran parte de su reconocimiento político fuera del oficialismo, precisamente entre actores que ahora cuestionan sus decisiones y piden rendición de cuentas.
El ministro mantiene su defensa jurídica, apoyada en la interpretación de la Corte Suprema y en las obligaciones que, según afirma, impone la ley. Sin embargo, la discusión dejó de centrarse únicamente en la legalidad de los decretos y pasó a evaluar sus efectos políticos y el trato hacia las víctimas.
Cabe destacar que su continuidad no ha sido puesta públicamente en duda por La Moneda y todavía no existe una acusación constitucional formalizada. Sin embargo, las exigencias de renuncia, las deliberaciones opositoras y las reservas que comienzan a aflorar en el oficialismo configuran un panorama muy distinto al que enfrentaba semanas atrás.
El “método Rabat”, hasta hace poco presentado como una vía para cerrar acuerdos en un Congreso fragmentado, afronta ahora una prueba que no consiste en conseguir votos para una iniciativa legislativa, sino en recuperar la confianza política que el ministro había ganado.
Y esa confianza, que hasta entonces era su principal activo, fue la que quedó dinamitada tras la controversia.
