Gloria Ana Chevesich, presidenta de la Corte Suprema, presentó los principales criterios definidos para regular el uso ético y funcional de la inteligencia artificial (IA) en los tribunales. Se permitirá que esta tecnología preste asistencia, aunque las decisiones deberán seguir siendo tomadas por personas.
La normativa establece 13 principios orientadores, incluidos el respeto de los derechos fundamentales y la no discriminación, la supervisión humana, la posibilidad de explicar y verificar los sistemas, la transparencia y trazabilidad, la proporcionalidad, la independencia judicial y la seguridad y el control de la información.
“Este instrumento busca fijar principios y normas para diseñar, desarrollar, evaluar y utilizar sistemas de inteligencia artificial en el Poder Judicial; definir su gobernanza e impulsar el desarrollo, la implementación y el uso responsable de sistemas y aplicaciones institucionales de IA, con el propósito de elevar la calidad, accesibilidad, eficiencia y oportunidad del servicio judicial”, señaló Chevesich.
La ministra subrayó que, según lo dispuesto por la Corte Suprema, la inteligencia artificial cumple únicamente una función de apoyo a la labor jurisdiccional, que debe permanecer en manos humanas.
“Entre los aspectos centrales de este Auto Acordado está el principio de decisión humana: solo quienes ejercen la jurisdicción pueden adoptar decisiones jurisdiccionales. Los sistemas de IA pueden colaborar en labores preparatorias, instrumentales o de apoyo, pero no reemplazar el análisis de los antecedentes, la fundamentación ni la resolución que debe dictar el tribunal”, afirmó la ministra.
Chevesich enfatizó que “la responsabilidad por las decisiones jurisdiccionales recae siempre en el juez o la jueza que las emite. La inteligencia artificial no puede evaluar la prueba y luego sugerir a quien integra la judicatura que resuelva en un determinado sentido”.
En relación con el uso indebido de inteligencia artificial, la ministra indicó que “en términos generales, su utilización incorrecta puede generar responsabilidad disciplinaria, que deberá hacerse efectiva por los procedimientos correspondientes. Si involucra a un juez, deberá intervenir la Corte de Apelaciones respectiva conforme al auto acordado aplicable; si se trata de un ministro de Corte, corresponderá actuar a la Corte, y cuando el caso afecte a la Corte Suprema, será esta misma la que se pronuncie”.
El Tribunal Pleno tomó estas determinaciones durante una jornada de reflexión celebrada los pasados 22 y 23 de octubre. El empleo de IA en los tribunales había generado controversia después de que, a comienzos de mes, se conocieran casos de uso de herramientas digitales en la redacción de fallos.
