Organizaciones sociales alertaron que la reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) promovida por el Gobierno podría significar un retroceso para la democracia y pusieron en duda que se reduzcan las facultades del organismo.
El proyecto, que continúa con suma urgencia, eliminaría la atribución del INDH para presentar querellas criminales, aunque mantendría la opción de interponer recursos de protección y amparo.
También plantea disminuir de 11 a 5 los integrantes del Consejo, incorporar la figura de un director ejecutivo y recortar la cantidad de funcionarios.
El Ejecutivo argumenta que la reforma busca resguardar la autonomía de la institución y enfocar su labor en prevenir vulneraciones de derechos humanos. Asimismo, descarta que las modificaciones impliquen un retroceso democrático.
No obstante, durante su exposición ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, el director de Amnistía Internacional en Chile, Rodrigo Bustos, rebatió esa postura y advirtió que suprimir la facultad de querellarse reduciría la capacidad de actuación del INDH.
También expresó reparos la presidenta de la Asociación de Funcionarios del INDH, Áurea Muñoz, quien cuestionó que la propuesta se adecue a los Principios de París, invocados por el Gobierno para justificar los cambios.
“A nuestro juicio, la medida es regresiva y perjudica el pluralismo y la independencia frente al Ejecutivo. Debilita la persecución penal de violaciones graves a los derechos humanos en el país; por eso, recomendamos conservar esta atribución”, planteó Bustos.
“Estimamos que la iniciativa no se ajusta a los Principios de París citados en el mensaje”, señaló Muñoz.
Sin embargo, el debate va más allá de las atribuciones de la institución.
Al mismo tiempo, diputados oficialistas ingresaron una indicación para que el INDH no reciba fondos en 2027, como paso hacia su posible eliminación.
El diputado de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, afirmó que, al debatir el futuro del instituto, también se debería evaluar poner fin a sus actividades.
“Debemos decidir si destinaremos esos 16 mil millones de pesos a una entidad que defiende delincuentes o a materias tan relevantes como las pensiones y la salud”, criticó.
Por su parte, la oposición sostiene que las atribuciones del organismo deben mantenerse.
La diputada comunista Lorena Pizarro señaló que recortar las facultades del INDH dejaría a las personas en una situación de mayor vulnerabilidad ante posibles vulneraciones de sus derechos.
“No solo lo debilitarán; lo más preocupante es que la población civil quedará expuesta a toda clase de vulneraciones de sus derechos”, advirtió.
La oposición también pidió al Gobierno que retire la suma urgencia del proyecto, para que pueda debatirse con mayor amplitud y en consideración a la importancia de los cambios propuestos.
