Entre enero y septiembre de 2026, la Superintendencia de Educación recibió 14.058 denuncias, un 5,5% menos que en igual período del año previo. De los casos registrados, 11.142 se relacionaron con convivencia educativa, lo que corresponde al 79,3% del total nacional.
Aunque la convivencia sigue siendo el principal motivo de las denuncias recibidas por la institución, las cifras dan cuenta de variaciones importantes en los hechos reportados por las comunidades educativas durante este año.
Una de ellas es el incremento de las denuncias por maltrato entre estudiantes: subieron de 3.552 en 2025 a 3.870 en 2026, un alza de 9%. Esta situación figura entre las mayores preocupaciones en materia de convivencia educativa y representa cerca de un tercio de las denuncias relacionadas con el tema.
El maltrato a párvulos y estudiantes continúa encabezando las materias denunciadas, con 6.041 casos. Sin embargo, el registro acumulado hasta ahora es menor al del año anterior, cuando se contabilizaron 6.128.
En segundo lugar se ubican las denuncias por discriminación, con 1.746 casos. Por su parte, las denuncias vinculadas a medidas disciplinarias tuvieron uno de los aumentos más notorios del período: pasaron de 1.144 a 1.492.
Nuevas leyes para impulsar la convivencia y la seguridad
Ante este escenario, en julio y agosto comenzaron a regir, respectivamente, nuevas normas destinadas a reforzar la convivencia y la seguridad en las comunidades educativas.
Se trata de la Ley N°21.809, sobre convivencia educativa, y la Ley N°21.827, denominada Ley de Escuelas Protegidas. Ambas establecen herramientas para prevenir situaciones de violencia, gestionar conflictos y proteger espacios propicios para el aprendizaje.
El superintendente de Educación, Mauricio Irarrazabal, afirma que “las cifras reflejan que las comunidades educativas aún tienen importantes retos en convivencia, sobre todo en los vínculos entre estudiantes.
Por esta razón, es esencial prevenir los conflictos desde etapas tempranas y crear espacios respetuosos en los que todas las personas puedan aprender y desarrollarse”.
La autoridad también indica que “los establecimientos disponen ahora de nuevas herramientas para enfrentar estas situaciones. La Ley de Convivencia Educativa y la Ley de Escuelas Protegidas proporcionan orientaciones y mecanismos para contribuir a entornos más seguros”.
“Nuestra labor como Superintendencia es apoyar y orientar a estudiantes, docentes, equipos directivos y familias, para que puedan aprovechar estas herramientas de la mejor forma”, recalca.
En el desglose regional, la Región Metropolitana registró más denuncias por convivencia educativa que las demás, seguida de Valparaíso y Bío Bío.
Estos datos están incluidos en el informe estadístico más reciente de la Superintendencia de Educación, elaborado para seguir la evolución de las principales tendencias y los desafíos de las comunidades educativas del país.
