Después de la medianoche del domingo 13 de febrero de 2022, una serie de explosiones sacudió la calle Ciencias, en La Cisterna. Ardía la bodega de Gas Las Naciones, una distribuidora independiente que mantenía una relación comercial con Gasco. El lugar podía almacenar 19 mil kilos de gas licuado y las llamas se extendieron hasta las casas cercanas.
Lea De La Fuente se encontraba esa noche en su vivienda con su hermana y su hijo menor. De pronto, oyeron ruidos inusuales. Su hermana fue la primera en darse cuenta de lo que pasaba: el fuego había comenzado al lado y los cilindros de gas estaban explotando, en una escena que parecía una pesadilla.
“Abro la puerta del living para salir y cae un balón de gas sobre el techo de la terraza”, recuerda Lea.
Adriana Rivera vivía con su familia en calle Carvajal, detrás de la distribuidora. Su madre, que tenía movilidad reducida, también estaba en la casa. “Miro por la ventana y veo unas llamas celestes que avanzaban con una rapidez increíble. Tuve que sacar a mi mamá arrastrándola hasta la calle”, cuenta.
En el interior del recinto también residía una familia. De acuerdo con el parte policial, Ammi Soto, quien vivía allí con sus familiares, declaró a Carabineros que alrededor de las 00:30 oyó la bocina de uno de los camiones estacionados en la bodega.
Cuando salió, observó que el vehículo estaba en llamas. Trató de sofocarlas con un extintor, pero no pudo y huyó a la calle con su familia. Desde allí llamó a su jefe y, según el documento, recibió esta instrucción: “No entregues ningún tipo de declaración acerca de los hechos”.
Bomberos declaró superada la emergencia a las 04:44. El fuego destruyó la bodega y siete viviendas aledañas.
Cómo se inició el incendio
Los reportes preparados después del siniestro presentan distintas versiones sobre el lugar y la causa de origen del fuego.
El peritaje del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur sitúa el comienzo de las llamas en una camioneta estacionada al interior de la bodega, junto al muro que la separaba de una propiedad contigua. El documento determinó que el incendio fue intencional, pero indicó que no se pudo establecer qué elemento se empleó para provocarlo.
Por su parte, el análisis químico de la Policía de Investigaciones identificó el foco en la vivienda ubicada en la zona delantera del terreno. La causa que consideró más probable fue el contacto de material inflamable con una llama directa, por ejemplo, la de un fósforo, un encendedor o una vela.
Las dos instituciones descartaron haber hallado componentes eléctricos que explicaran el origen del fuego.
Empresas Gasco S.A. ha invocado la conclusión de Bomberos como uno de sus argumentos en los juicios civiles. En su defensa, afirma que el incendio “respondió a un factor humano, ajeno, imprevisible y absolutamente irresistible”.
La clausura se alzó dos días antes
El viernes 11 de febrero de 2022, luego de que se pagara la patente comercial, la Municipalidad de La Cisterna puso fin a la clausura que mantenía la distribuidora desde julio de 2021. El recinto se incendió dos días más tarde.
El 2 de febrero de 2021, un año antes, el municipio había emitido un documento que consideraba factible instalar un espacio para almacenar y vender gas licuado en calle Ciencias 6575.
Basándose en ese antecedente, Franco García, dueño de Gas Las Naciones, pidió a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) inscribir el almacenamiento, cuya capacidad declarada era de 19 mil kilos. La SEC inspeccionó el lugar el 8 de abril de 2021 para comprobar que cumpliera las normas de diseño y construcción. No detectó problemas y lo incorporó a sus registros dos semanas después.
El 15 de julio de ese año, la municipalidad ordenó clausurar el local porque funcionaba sin patente municipal.
A pesar de que la clausura seguía formalmente vigente, el municipio entregó dos patentes comerciales provisorias: la primera cubría el periodo entre el 3 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021; la segunda, el primer semestre de 2022. En su respuesta a una solicitud de Transparencia, la municipalidad admitió que, pese a constar el pago, “no hay registro del acto administrativo”.
En ese intervalo, el 1 de noviembre de 2021, Gasco GLP suscribió un acuerdo de subdistribución de gas licuado con la sociedad de García, según los antecedentes judiciales de las demandas de las familias De La Fuente y Rivera.
Ocho días después del incendio, el alcalde ordenó una investigación sumaria para determinar si hubo responsabilidades administrativas en la concesión, clausura y posterior levantamiento de la patente provisoria del local. En marzo de 2022, la indagación pasó a ser un sumario administrativo.
Fuentes conocedoras del caso indican que el sumario aún estaba en desarrollo más de cuatro años después del incendio.
Las faltas detectadas por la SEC
El 14 y 15 de febrero de 2022, inspectores de la SEC revisaron las instalaciones que quedaron de la bodega. En su informe identificaron tres incumplimientos de las normas de seguridad.
Entre las irregularidades, anotaron la presencia de un recipiente plástico de mil litros para guardar combustibles líquidos. También encontraron cilindros instalados junto a los muros medianeros que daban a las casas vecinas, sin cumplir las distancias mínimas establecidas en el reglamento. Además, señalaron que una persona que trabajaba como cuidador ocupaba como vivienda dependencias del recinto.
El reporte indica que Gasco retiró el 15 de febrero, después del incendio, los cilindros de gas licuado que aún quedaban en el almacenamiento afectado.
La SEC formuló cargos contra Franco García Calderón, en su calidad de propietario y operador de Gas Las Naciones. García presentó sus descargos en marzo de 2022.
En ellos sostuvo que el contenedor de combustible estaba vacío y que se retiraría por instrucción del experto en prevención de riesgos del recinto. En cuanto a los cilindros, admitió que los envases vacíos se habían trasladado fuera del área de almacenamiento, pero señaló que se efectuarían labores de abastecimiento.
Sobre las dependencias ocupadas, explicó que allí vivía un trabajador que se desempeñaba como nochero y cuidador, y que tenía domicilio en Maipú. Como respaldo, acompañó una copia de un contrato de trabajo que no llevaba la firma de ninguna de las partes.
En una resolución emitida en abril de 2022, la SEC rechazó esos descargos y ratificó los cargos. Le impuso una multa de 75 UTM, correspondiente a 25 por cada infracción.
La entidad agregó que la magnitud de los daños causados por el incendio impidió establecer si las infracciones incidieron en los perjuicios a las personas y al entorno. Por ese motivo, no tomó ese aspecto en cuenta para elevar ni rebajar la sanción. La SEC aclaró que esa imposibilidad no impedía multar a García por las faltas verificadas.
Consultado acerca del incendio y de las infracciones, Franco García Calderón declinó hacer comentarios.
La investigación penal concluyó sin acusados
En marzo de 2022, el tribunal aceptó a trámite una querella presentada por la municipalidad tras el incendio. El municipio argumentó que la patente del local no estaba vigente por falta de pago hasta el 10 de febrero de ese año y que, de acuerdo con los vecinos, el negocio seguía operando.
Varias semanas más tarde, las familias De La Fuente y Rivera interpusieron sus respectivas querellas, que se incorporaron a la investigación iniciada por la municipalidad.
El 6 de diciembre de 2024, la Fiscalía informó que no perseveraría en la investigación. El caso se cerró sin que se acusara a ninguna persona.
Acciones civiles aún sin resolver
Las familias llevaron sus reclamos a la justicia civil. El 26 de enero de 2023, los De La Fuente demandaron a Empresas Gasco S.A. y a Franco García Calderón, solicitando que ambos respondieran solidariamente por los daños. Los Rivera presentaron una demanda parecida el 7 de abril de ese año.
La familia De La Fuente exigió $185,6 millones por los daños estructurales de la vivienda, $105,5 millones por muebles y enseres perdidos, y $100 millones por daño moral para cada uno de los tres integrantes que demandaron.
La familia Rivera solicitó cerca de $245 millones por los daños a la estructura de su casa y $71,4 millones por sus pertenencias. Además, reclamó $100 millones por daño moral para cada demandante.
Más de tres años después, las dos causas permanecían en etapa probatoria. De acuerdo con el expediente de los De La Fuente, García no respondió la demanda ni acudió a las audiencias a las que fue convocado, incluida una en la que debía presentar sus contratos con Gasco.
En el proceso de los Rivera, García sí contestó. En mayo de 2024 planteó que el incendio fue un caso fortuito y que, cuando ocurrió, la empresa tenía todos los permisos necesarios para operar. Más adelante, en otro escrito, se describió como “un afectado más del incendio”.
Aun así, no se presentó a la audiencia de conciliación fijada para diciembre de ese año.
En ambos juicios, Empresas Gasco S.A. argumenta que no es la entidad a la que correspondía demandar. Según la compañía, el acuerdo de subdistribución con la sociedad de García Calderón fue firmado por su filial Gasco GLP.
Durante 2025, las familias interpusieron nuevas demandas contra Gasco GLP. Esos procesos tampoco avanzaron, pues la empresa sostuvo que ya había juicios en marcha por los mismos hechos y que debía esperarse a que concluyeran.
En julio de 2025, el tribunal aceptó ese planteamiento en la causa de los Rivera y dispuso suspenderla hasta que terminara el proceso contra Empresas Gasco S.A. El expediente se archivó en abril de 2026.
En el caso de los De La Fuente, el tribunal acogió el mismo argumento en septiembre de 2025. La familia apeló y, desde noviembre de ese año, la causa está a la espera de ser revisada por la Corte de Apelaciones de San Miguel.
Al ser consultada por Radio Bío Bío, Gasco GLP señaló que, “junto con entender la situación de los afectados”, el siniestro ocurrió en “un inmueble arrendado por el Sr. Franco Mauricio García (Gas Las Naciones) en el marco de una relación contractual de la que no participa GASCO GLP S.A.”. Añadió que las imputaciones en su contra “no se ajustan a derecho y son materia de discusión judicial”.
La empresa no respondió las consultas concretas que le envió este medio.
“Nunca vino nadie siquiera a preguntarnos cómo estábamos. Si estábamos vivos o muertos, nadie. Ni siquiera por humanidad se han acercado a saber de nosotros o de los vecinos”, afirma Lea De La Fuente al ser consultada por si Gasco o García se habían puesto en contacto con ellos.
La demanda del propietario del terreno
Además de las acciones iniciadas por las familias, Francisco Retamal, propietario del terreno ubicado en calle Ciencias 6575, demandó a Empresas Gasco S.A. y a García en enero de 2023. Dos años después, en enero de 2025, presentó otra demanda contra Gasco GLP.
En las dos causas solicita más de 17 mil UF por las construcciones destruidas y $100 millones por daño moral.
Gasco GLP pidió suspender el juicio en su contra mientras continuara pendiente la demanda contra Empresas Gasco S.A. Sostuvo que era una “demanda espejo” y que Retamal podía llegar a recibir dos pagos por los mismos daños.
En contraste con las causas de las familias, el tribunal decidió no paralizar este juicio. Los dos procesos continúan en etapa de prueba.
Durante esa etapa, el tribunal ordenó a Gasco GLP entregar los registros relacionados con el retiro de los cilindros. La empresa no los presentó y argumentó que los documentos estaban en poder de la SEC, Bomberos o la Fiscalía. En octubre de 2026, el tribunal determinó que la negativa no estaba justificada.
Retamal también lleva una causa independiente contra García por el impago del arriendo a partir de julio de 2022. El contrato establecía una renta mensual de 86 UF entre el 1 de marzo de 2021 y el 29 de febrero de 2024.
En su demanda, Retamal solicitó terminar el contrato y recuperar la propiedad. Además, reclamó 1.720 UF por concepto de arriendo, una multa del 5% por cada día de atraso y $280 mil correspondientes a una cuenta eléctrica pendiente.
En julio de 2026, el 15° Juzgado Civil de Santiago acogió la mayor parte de lo solicitado. Declaró finalizado el contrato y ordenó a García Calderón y a su codeudora pagar las rentas acumuladas desde julio de 2022 hasta la entrega del inmueble. También aceptó el cobro de la multa y de la deuda eléctrica.
García Calderón apeló la resolución ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Su defensa plantea que el contrato terminó con el incendio y que, en consecuencia, no corresponde exigir el pago de las rentas. Mientras la Corte estudia el recurso, el tribunal autorizó a Retamal a iniciar el cumplimiento del fallo, aunque aún no se ha determinado el monto adeudado.
Entre los juicios relacionados con la distribuidora, solo el del arriendo ha terminado en una sentencia. Las causas destinadas a establecer responsabilidades por el incendio todavía están pendientes.
La vida tras el incendio
Las paredes del patio de Adriana Rivera le traen a la memoria la noche en que perdió su hogar. Con el apoyo de familiares y amigos, la familia consiguió reconstruir una parte de la vivienda, donde actualmente reside.
Su madre, Alicia, a quien aquella noche tuvo que sacar arrastrándola a la calle, murió hace dos años, antes de que concluyera el juicio que había iniciado junto a sus hijos. La causa seguía abierta cuando falleció.
“Mi mamá se fue apagando. Ella tenía su jardín, su pileta, sus pajaritos que le cantaban (…) y después verse en un rincón en una silla de ruedas (…) es muy triste”, relata Adriana.
La familia De La Fuente regresó hace poco más de un año a su vivienda de calle Ciencias, la misma que Jorge De La Fuente adquirió en 1968. Tras el incendio solo permanecieron en pie las murallas. “Todo lo demás se quemó”, recuerda Lea.
Por casi tres años, los integrantes de la familia vivieron en una casa vecina, mientras Lea pasaba las noches en casa de una amiga. Con sus ahorros y el respaldo de familiares y amigos, comenzaron a reconstruir sobre las estructuras que habían quedado.
Lea y su hermana Ester María son docentes jubiladas. Actualmente se ocupan del cuidado de su padre, quien está postrado.
“Ellos son poderosos, tienen buenos abogados y les da lo mismo (…) Nosotras (…) dependemos de una pensión (…) se hizo un gasto que nosotras también teníamos para nuestro futuro”, señala Lea.
Más de cuatro años después del incendio, los procesos civiles continúan pendientes y las familias aguardan una decisión de los tribunales sobre quién debe hacerse responsable de lo ocurrido aquella noche en calle Ciencias.
