Colombia atraviesa una controversia política tras la entrevista de Deicy Jiménez, excontratista estatal, quien acusó al expresidente Gustavo Petro de supuestamente canjear contratos públicos por favores sexuales.
Jiménez situó los hechos en 2019, cuando Petro era senador en el país sudamericano, y afirmó que unas 40 personas estarían relacionadas con el caso.
La controversia que rodea a Gustavo Petro en Colombia
Jiménez sostuvo que el exmandatario le habría conseguido empleos en el sector público mediante contratos de prestación de servicios, a cambio de esos encuentros.
“Me opongo al abuso de poder que, según denuncié, se produjo durante el gobierno de Gustavo Petro. Utilizaba a mujeres jóvenes en beneficio propio y personal, ofreciéndoles contratos. No respaldo ese abuso de poder”, declaró Jiménez a Semana.
En esa misma entrevista, la denunciante afirmó que los contratos estatales servían como forma de compensación y como herramienta para intimidar a las mujeres e impedir que revelaran lo que habían visto.
Jiménez también dijo que, por petición del exsenador, trasladó sustancias psicoactivas. Como sustento de sus declaraciones, entregó fotos de pertenencias, imágenes de conversaciones en redes sociales y copias de documentos laborales.
“Que recurra al Estado, es decir, al dinero de los colombianos, para favorecerse. No pagaba el sexo con su sueldo ni con dinero de su propio bolsillo”, agregó la denunciante.
Documentos examinados por medios como la revista Semana y el diario El Tiempo indican que Deicy Alejandra Jiménez Ramírez tuvo cinco contratos con organismos estatales, por un total superior a 100 millones de pesos (unos 31.600 dólares).
Entre los contratos comprobados hay dos con el Congreso de la República, correspondientes a 2022 y 2023. Uno de ellos, suscrito en septiembre de 2023, superó los 34 millones de pesos (unos 10.700 dólares) y fue para la Primera Vicepresidencia del Senado.
Además, según registros oficiales citados por El Tiempo, la joven obtuvo dos contratos con el Ministerio del Interior entre 2025 y 2026, por más de 40 millones de pesos (unos 12.600 dólares). También firmó directamente en junio de 2025 un contrato de 18 millones de pesos (unos 5.600 dólares) con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Ante el intento de intromisión en mi vida íntima y sexual dado que no pudo comprobar ningún hecho de corrupción o narcotráfico en mi existencia, este es mi comunicado: https://t.co/I0dDYSVjtF
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 25, 2026
Luego de que se difundiera la entrevista, el expresidente Gustavo Petro publicó en X un comunicado de dos páginas en el que negó las acusaciones.
El exmandatario calificó los señalamientos como una intromisión en su intimidad promovida por sectores opositores y defendió sus políticas públicas. Afirmó que su administración buscó abrir oportunidades económicas para mujeres en situación de vulnerabilidad y madres cabeza de hogar.
“Nunca he ofrecido un contrato a cambio de mantener relaciones sexuales”, declaró Petro.
“Me despreciaría si alguna vez hubiera hecho algo así. Apoyar a mujeres pobres, madres cabeza de hogar y trabajadoras sexuales para que puedan elegir otros caminos, como he hecho en la administración pública con programas concretos y financiados, no tiene nada que ver con ofrecer contratos a cambio de relaciones sexuales”, añadió el exmandatario.
En el comunicado, Petro afirmó que a lo largo de su trayectoria pública no ha cometido delitos ni ha empleado el poder del Estado en beneficio personal o afectivo.
“Nunca he recurrido al poder público para conseguir sexo, aunque sé lo que puede generar el poder. Mi sexualidad no se basa en usar el poder, sino en buscar el amor y vivirlo”, señaló el expresidente.
Tras las publicaciones de prensa, el Instituto Anticorrupción presentó una denuncia penal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con copia a la Corte Suprema de Justicia. La entidad pidió indagar posibles delitos, entre ellos peculado por apropiación, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.
Por su parte, la Red de Veedurías de Colombia interpuso una acción legal para solicitar un juicio por indignidad y que se recaben pruebas sobre la posible responsabilidad del exmandatario.
En paralelo, el Gobierno nacional instruyó, mediante los ministerios de Justicia y del Interior, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a poner en marcha de inmediato medidas cautelares y de seguridad para proteger a Deicy Jiménez.
Distintos sectores políticos pidieron a las entidades de control y a la justicia que actúen prontamente para determinar si las acusaciones son ciertas.
“El relato de Deicy acerca de una supuesta red de explotación sexual vinculada al expresidente Gustavo Petro es muy grave y debe ser investigado por las autoridades. Sería inaceptable que los cargos públicos, que tendrían que asignarse según méritos, se utilizaran para explotar sexualmente a mujeres”, afirmó la senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso.
