El juez Daniel Urrutia intenta impedir una posible salida del Poder Judicial y pidió al Pleno de la Corte Suprema que anule la votación del 19 de octubre, efectuada en el marco del proceso de remoción en su contra. Su defensa denuncia posibles vulneraciones al debido proceso, como la falta de un ministro suplente en la votación y la eventual filtración a la prensa de antecedentes reservados.
La acción judicial ocurre después de que el máximo tribunal aplazara la comunicación de su decisión sobre la continuidad del magistrado, quien es investigado por viajar al extranjero mientras estaba con licencia médica psiquiátrica.
La solicitud la presentó su abogado, Carlos Quezada Orozco, mediante un incidente de nulidad procesal ante la Corte Suprema. Pidió invalidar la votación del 19 de octubre y la vista de la causa, además de convocar a una nueva audiencia ante un tribunal que no esté inhabilitado.
La presentación pretende cambiar una situación que, de acuerdo con fuentes del Poder Judicial citadas por Radio Bío Bío, ya se preveía en el máximo tribunal: que la defensa de Urrutia utilizaría recursos procesales para tratar de evitar su remoción.
Entre los argumentos principales del escrito está que el magistrado ya había sido absuelto en el sumario administrativo por sus viajes al extranjero durante la licencia médica, según una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Aun así, la Corte Suprema abrió de oficio un proceso de remoción, haciendo uso de sus facultades para revisar la continuidad de los jueces en sus cargos.
Defensa denuncia irregularidades en la votación
Una de las objeciones principales se refiere a la votación del 19 de octubre, en la que el Pleno de la Suprema examinó cinco procesos de remoción, incluido el de Urrutia.
En esa instancia, la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, señaló que la resolución quedaría pendiente hasta que regresara de vacaciones el ministro suplente Roberto Contreras, .
BioBioChile informó que las posiciones dentro del tribunal estaban muy parejas, con estimaciones de 9 votos contra 8 o de 10 contra 7, mientras que la remoción de un magistrado requiere al menos 11 votos.
No obstante, la defensa de Urrutia afirma que la votación tuvo lugar sin Contreras, aunque, por ser ministro suplente, debía pronunciarse antes que los ministros de mayor antigüedad.
El abogado considera que lo ocurrido contraviene las reglas para adoptar acuerdos judiciales y pone en duda la validez del proceso.
El escrito también pone en cuestión las supuestas filtraciones sobre el resultado de la votación, después de que algunos medios señalaran que habría votos suficientes para remover al magistrado.
La defensa plantea que la posible divulgación de información confidencial por parte de integrantes de la Corte podría constituir una violación de secreto y, por ello, pide que se investigue lo sucedido.
Quezada sostiene que el proceso ha sido “desprolijo, absolutamente enturbiado” y cuestiona, además, que el propio Pleno sea el órgano encargado de conocer y resolver la remoción.
Solicita repetir la votación e indagar las filtraciones
En su petición, la defensa pidió anular la votación del 19 de octubre y la vista de la causa, y que esta última se efectúe nuevamente ante un tribunal no inhabilitado.
Asimismo, solicitó que la presidenta de la Corte Suprema informe sobre lo ocurrido y que se abra una etapa probatoria para demostrar las irregularidades denunciadas.
También pidió enviar los antecedentes a la Fiscalía Judicial para que realice una investigación administrativa, y al Ministerio Público ante la posibilidad de que los hechos constituyan delito.
Esta acción se suma a la demanda de tutela laboral que Urrutia presentó contra la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en la que reclama $77,4 millones por una presunta vulneración de sus derechos fundamentales. La audiencia preparatoria quedó programada para el 16 de noviembre.
Con esta medida, el magistrado inicia otro frente judicial en su intento por continuar en el Poder Judicial, mientras la Corte Suprema aún debe comunicar su resolución definitiva sobre el proceso de remoción.
Así, lo que se resuelva sobre el incidente de nulidad presentado por la defensa será determinante para establecer si el proceso sigue desde la votación efectuada o si debe repetirse parte de su tramitación.
