Mientras la oposición cuestiona las reducciones de condena otorgadas a agresores sexuales de menores de edad, el Gobierno promueve un proyecto de ley para cerrar las lagunas legales que hicieron posible conceder esos beneficios. La propuesta se analizará este martes en la Comisión de Constitución del Senado, cuyo presidente, Vlado Mirosevic, reprochó al Ejecutivo haber elegido, a su juicio, la interpretación más desfavorable de las normas actuales.
La iniciativa se presenta luego de la polémica generada por los 56 decretos de reducción de condena emitidos por el Ministerio de Justicia durante el actual Gobierno, que favorecieron a personas condenadas por delitos sexuales contra menores.
El proyecto propone dos cambios principales a la Ley 19.856, que establece las reglas para reducir condenas por buena conducta, con la finalidad de evitar que se repitan casos como estos.
El primer cambio dispone que la inhabilidad para recibir estos beneficios, agregada en febrero de 2022, rija también para quienes cometieron delitos sexuales contra menores antes de esa fecha, aunque sus condenas se hayan dictado previamente.
Así, la propuesta pretende aclarar las distintas interpretaciones sobre cuándo empieza a regir la norma, que han permitido reducir condenas por delitos cometidos antes de que entrara en vigor.
El segundo ajuste busca suprimir una excepción relacionada con el artículo 73 del Código Penal, que hoy autoriza acceder a estos beneficios bajo ciertas condiciones. La nueva prohibición, sin embargo, se aplicaría únicamente a los delitos cometidos desde la entrada en vigor de la futura ley.
Entre los puntos destacados de la iniciativa está que no ordena dejar sin efecto de manera automática las reducciones ya otorgadas ni modificar lo resuelto en sentencias judiciales firmes.
Araya confirma entendimiento con el Gobierno y advierte sobre una laguna legal
Durante el debate, el senador Pedro Araya confirmó que el Gobierno y el Congreso alcanzaron un entendimiento para impulsar un cambio legislativo que permita resolver la controversia.
Araya señaló que se habría logrado un acuerdo con el Gobierno para avanzar en un proyecto que resuelva definitivamente el asunto, posiblemente mediante una ley interpretativa que precise los criterios para acceder a reducciones de condena.
El senador indicó que hay un debate jurídico sobre si reducir una condena es un derecho de las personas sentenciadas o un beneficio condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos.
En esa línea, sostuvo que las reformas legales más recientes no solucionaron el asunto, lo que dio pie a diversas interpretaciones, tanto en el Ministerio de Justicia como en los tribunales superiores que han dispuesto la concesión de reducciones de condena.
Araya no quiso evaluar la responsabilidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, ante una eventual acusación constitucional, proceso en el que podría corresponderle participar como jurado.
De todos modos, afirmó que el problema atañe al Estado y propuso que la reforma legal vaya acompañada de medidas para respaldar y proteger a las víctimas afectadas por estas decisiones.
Mirosevic critica al Ejecutivo por las reducciones de condena
En tanto, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Vlado Mirosevic, informó que convocó a sus integrantes para este martes a las 16:30, con el fin de tratar con urgencia el proyecto.
Mirosevic explicó que citó a la Comisión de Constitución para debatir urgentemente el proyecto sobre reducción de condenas y evitar que otro ministro o Gobierno vuelva a conceder rebajas a condenados por violación de menores mediante una interpretación que consideró alejada del sentido común.
Aunque la iniciativa avanza en el Congreso, Mirosevic cuestionó abiertamente al Gobierno por la interpretación que hizo posible entregar esos beneficios.
A su juicio, entre las distintas lecturas posibles, el Gobierno escogió la más perjudicial: favorecer a los condenados por delitos sexuales contra menores y otorgarles reducciones de condena.
El senador afirmó que la propuesta pretende impedir que futuros gobiernos recurran a criterios semejantes para rebajar penas.
Mirosevic recalcó que el proyecto clausurará esa posibilidad e impedirá que, en adelante, cualquier Gobierno o ministro aplique ese criterio de forma incorrecta.
De este modo, la Comisión de Constitución iniciará el análisis de la propuesta mientras continúan las críticas al Ministerio de Justicia por las reducciones de condena otorgadas en los últimos meses.
