Para reducir el déficit de viviendas, el Gobierno informó que espera levantar mediante soluciones industrializadas el 20% de las 100.000 unidades comprometidas cada año. En concordancia con ese objetivo, un reporte elaborado por Déficit Cero y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) señaló que, aunque esta industria podría contribuir con una quinta parte de la meta habitacional, actualmente está lejos de utilizar toda su capacidad.
El estudio “Propuesta Fortalecimiento de la Vivienda Industrializada en la Política Pública Habitacional”, expuesto por Déficit Cero y el Comité de Industriales de la CChC durante la Feria Internacional de la Construcción Edifica 2026, precisó que la industria chilena puede producir 19.824 viviendas anuales y que su capacidad potencial alcanza las 24.240 unidades.
Felipe Montes, presidente del Comité de Industriales de la CChC, sostuvo: “Hay oferta disponible y una meta habitacional exigente, pero no estamos obteniendo resultados sostenidos”.
Agregó que “la industrialización debe dejar de funcionar como una excepción y convertirse en una capacidad estable de la política habitacional. Para lograrlo, tanto el Estado como la industria deben adaptarse a la vez, de modo que sea posible construir con mayor rapidez, más calidad y costos más bajos”.
El informe sostiene que las dificultades no se deben a la tecnología ni a la falta de disposición institucional, sino a una desconexión entre el modelo industrial —que se apoya en la estandarización, la fabricación en planta y el montaje acelerado— y las reglas normativas, financieras y operativas actuales, diseñadas para proyectos construidos por completo en terreno.
Entre los principales obstáculos detectados están la duplicación de revisiones a cargo de DITEC y SERVIU, que resta rapidez al proceso industrializado; la falta de certeza sobre la demanda; las modificaciones recurrentes a las normas, que fuerzan nuevas certificaciones; los pagos definidos según el avance físico de las obras, que presionan la liquidez de las empresas; y el tratamiento del IVA, que hace más costosos los componentes producidos en fábrica que los de la construcción tradicional.
El director ejecutivo de Déficit Cero, Sebastián Bowen, señaló que “las ventajas competitivas de la vivienda industrializada se amplían cuando crece su escala. Si no hay un volumen estable, las fábricas no pueden mantener en uso su capacidad instalada. Para ello se necesita un acuerdo entre el sector público y el privado y, sobre todo, certezas”.
“Varios gobiernos han promovido la industrialización; ahora cabe preguntarse qué medidas permitirán convertir esa voluntad en una política pública que también contribuya a enfrentar la emergencia habitacional. Un aspecto especialmente complejo es cómo financiar estas viviendas, en particular mientras se debate la ley de presupuestos”, afirmó.
Propuesta de hoja de ruta
En este escenario, el análisis propuso un plan de implementación para las medidas recomendadas, dividido en tres etapas.
La primera corresponde a una fase de activación y señal al mercado, prevista para los primeros 100 días. Esta se apoyaría en las resoluciones del MINVU publicadas en mayo de 2026, que incluyeron la industrialización en los llamados de este año y dispusieron la creación de un índice de desempeño en postventa para las constructoras.
La segunda etapa, centrada en ajustes prioritarios en un plazo de 6 a 18 meses, busca disminuir la incertidumbre y estimular la inversión privada.
Las acciones propuestas incluyen facultar a los Serviu regionales para aprobar soluciones industrializadas y así eliminar la doble revisión de Ditec, mantener estables las normas durante dos o tres años, modificar el tratamiento del IVA aplicable a los elementos fabricados en planta, fijar un itemizado técnico nacional y desarrollar mecanismos de financiamiento externo para cubrir los anticipos a las empresas industrializadoras.
La tercera fase, denominada integración programática y proyectada para un período de tres a cuatro años, pretende convertir estos sistemas en una parte permanente de la política habitacional. Entre las propuestas figuran convocatorias nacionales periódicas para iniciativas industrializadas, pagos vinculados de manera estable a la producción certificada en fábrica, una fiscalización diferenciada, la participación de revisores técnicos independientes y la distribución de responsabilidades y garantías entre constructoras e industrializadoras.
