El diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, cuestionó la versión del Gobierno sobre las rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. A su juicio, las comunicaciones del Ejecutivo parecen asumir que la ciudadanía es ingenua, y señaló que todavía no se han aceptado las responsabilidades por lo sucedido.
Después de que el presidente José Antonio Kast admitiera que su Gobierno se equivocó con las rebajas y mantuviera en el cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, Winter reprochó al Ejecutivo que no haya detallado qué costos asumirá ni quiénes responderán políticamente por la controversia.
También sostuvo que los mensajes oficiales dan la impresión de considerar que las personas que los reciben son poco inteligentes, desconocen los hechos o no cuentan con información alguna.
Según planteó, el Gobierno afirma que asumirá las consecuencias de las 57 rebajas de condena, pero no ha precisado en qué consistirán. Agregó que tampoco se ha establecido responsabilidad política y que ninguna autoridad ha dejado su puesto; además, el Ejecutivo ni siquiera ha aclarado si considera que cometió un error, algo que sería el primer paso para hacerse cargo de lo ocurrido.
Winter también cuestionó que Kast dijera que no culparían a quienes estuvieron antes, pues considera que el Gobierno sí lo ha hecho. Como ejemplo, mencionó la primera intervención del nuevo vocero, Gonzalo Arenas, quien, según el diputado, responsabilizó a administraciones anteriores y mostró documentos para sostener que sus decretos de rebaja eran equivalentes. Winter afirmó que esa comparación era falsa, pues en unos casos la decisión correspondía obligatoriamente al Poder Judicial y en otros dependía del Gobierno.
Winter exige al Ejecutivo detallar los motivos de la decisión
El parlamentario criticó así la manera en que el Gobierno ha enfrentado la controversia y recalcó que, en su opinión, lo principal sigue siendo que el Ejecutivo no ha aclarado qué lo llevó a adoptar esa medida ni cuáles fueron sus razones.
Winter añadió que, incluso si se acepta la existencia de un vacío legal, las administraciones anteriores aplicaron esa misma norma de una manera distinta a la que escogió el actual Gobierno. Por eso, dijo, el Ejecutivo debe explicar el motivo de su decisión.
