La Fiscalía acudirá a la Corte Suprema para intentar dejar sin efecto la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que impuso restricciones a la revisión de los datos obtenidos de celulares incautados en la investigación del caso Junaeb.
Uno de los investigados es Darío Calderón. Su defensa, liderada por el abogado Samuel Donoso, interpuso un recurso de amparo para impugnar el acceso a sus conversaciones.
El tribunal de alzada acogió parcialmente las acciones y dispuso controles judiciales para proteger los datos privados que no guardaran relación con los hechos bajo investigación.
Sin embargo, la resolución permitió que el Ministerio Público prosiguiera con la extracción y el análisis de los dispositivos. También definió plazos y criterios para seleccionar la información relevante y suprimir la que no tuviera vínculo con la causa. Los recursos de amparo se reunieron para que el máximo tribunal los examine.
Neftali Carabantes, académico de la Universidad Central, señaló que la decisión no detuvo el análisis de los teléfonos por parte de la Fiscalía.
Ahora corresponde a la Suprema analizar los reparos del Ministerio Público y decidir si conserva las medidas de protección fijadas por la Corte de Apelaciones o cambia las reglas para revisar y utilizar esos antecedentes.
Antes de los alegatos, Hugo Gutiérrez, también investigado, fue consultado sobre la eventual intención de la Fiscalía de revertir el fallo, aunque prefirió no extenderse.
“Que hagan lo que deban hacer; yo me ocuparé de lo mío”, respondió brevemente.
La decisión final sobre si el Ministerio Público podrá revisar los chats y otros datos recuperados de los aparatos incautados, así como las condiciones y la supervisión judicial aplicables, quedará en manos del máximo tribunal.
La investigación, encabezada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, indaga pagos a la empresa Soser por prestaciones que presuntamente no se habrían realizado.
