La acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien aún permanece en el cargo, podría quedar en pausa si se concreta su salida del Gobierno antes de la sesión especial convocada para este miércoles en la Cámara de Diputados. La Democracia Cristiana se encargaría de preparar el libelo, pero el Partido de la Gente podría tener la última palabra, pues sus votos bastarían para definir el resultado en la Cámara Baja.
Antes de presentar la acusación constitucional contra el secretario de Estado, la oposición debe resolver una cuestión central: si Fernando Rabat seguirá al frente del Ministerio de Justicia. La presión ha aumentado luego de conocerse nuevos datos sobre quienes recibieron rebajas de condena, casos identificados en un reportaje de BioBioChile.
La bancada de la Democracia Cristiana redactará el libelo. Sin embargo, según fuentes de Radio Bío Bío, el diputado Raúl Leiva, jefe de la bancada del Partido Socialista, supervisará el proceso completo.
La oposición debate principalmente porque el libelo tendría mayor peso político que jurídico. Por eso, una eventual renuncia de Rabat podría frenar la ofensiva, aunque la acusación puede presentarse hasta tres meses después de que un ministro deje el cargo.
El jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz, afirmó que los datos publicados por BioBioChile empeoran el escenario del secretario de Estado y llevan la controversia más allá de la política, hasta el plano institucional.
“Al revisar los antecedentes de las personas condenadas, y comprobar que 33 ya están en libertad, queda claro que la situación es más grave y ha generado una crisis no solo en el Gobierno, sino también en la manera en que se administran estas instituciones”, señaló.
Oposición reúne nuevos elementos para acusar a Rabat
Por otra parte, la Comisión de Constitución del Senado comenzó a analizar tres proyectos que pretenden limitar las rebajas de condena y prevenir que vuelvan a producirse situaciones similares. El Gobierno ingresó una de las propuestas y parlamentarios presentaron las otras dos.
El titular de la Comisión de Constitución, el senador liberal Vlado Mirosevic, criticó que el Ejecutivo no haya expresado arrepentimiento ni disposición a reparar el perjuicio. Pese a ello, aseguró que intentarán acelerar al máximo el trámite de los proyectos.
“El Gobierno no ha mostrado empatía ni intención de reparar el daño. Nuestra respuesta será legislar cuanto antes. Las iniciativas provienen de distintos sectores, de izquierda a derecha, pero eso es secundario: lo esencial es aprobar una ley y evitar que un ministro o un Gobierno vuelva a cometer algo así”, afirmó.
También se conocieron los casos de tres ciudadanos venezolanos, condenados por extorsión y relacionados con el Tren de Aragua, que obtuvieron rebajas de condena. Parlamentarios opositores consideran que estos antecedentes podrían reforzar los fundamentos de la acusación.
La publicación de Interferencia abrió otro frente para el Gobierno. A los cuestionamientos por beneficios concedidos a condenados por delitos sexuales contra menores y por crímenes de lesa humanidad se suman ahora casos vinculados al crimen organizado.
El diputado socialista Daniel Manouchehri fue más lejos y expresó inquietud ante la posibilidad de que organizaciones delictivas hayan logrado infiltrarse en el Gobierno, algo que, dijo, debe ser investigado.
“Creemos que esto requiere una investigación profunda. El Gobierno debe aclarar qué ocurre. No sabemos si el crimen organizado ha conseguido penetrar en el Ejecutivo; son interrogantes que hoy están planteadas”, manifestó.
En tanto, Fernando Rabat defendió que las rebajas de condena se otorgaron conforme a la ley vigente. El ministro indicó que las normas no excluyen de manera general a quienes fueron condenados por delitos relacionados con el crimen organizado y que el mecanismo ha beneficiado a personas sentenciadas por ilícitos de diversa gravedad.
“La ley está vigente desde 2023 y, con algunas excepciones específicas, no excluye delitos por su tipo. Personas condenadas por ilícitos de distinta gravedad han recibido beneficios penitenciarios”, explicó.
El PDG podría ser determinante para el desenlace de la acusación
Si el libelo se presenta el próximo martes, los representantes del Partido de la Gente podrían definir si la acusación pasa al Senado. La bancada, sin embargo, está dividida y todavía no ha fijado una posición común: algunos diputados estarían dispuestos a apoyarla, mientras que otros optarían por votar en contra.
Entre las voces contrarias está la diputada Zandra Parisi, quien destacó el desempeño de Rabat en otros proyectos de ley y señaló que solo el presidente de la República puede decidir si el ministro continúa o deja su puesto.
“Que el ministro siga o se vaya es una determinación que le corresponde al presidente. Reconozco que su trabajo en otros proyectos legislativos ha sido muy bueno. En los equipos de varios ministros hacen falta integrantes con una perspectiva política”, sostuvo.
La oposición se acerca así a una definición clave sobre el futuro de la acusación constitucional. Se espera que el anuncio se realice este miércoles por la tarde, tras finalizar la sesión especial sobre las rebajas de condena, a menos que La Moneda se adelante con un cambio de gabinete que contemple la salida de Fernando Rabat.
