La Sala Cuna atraviesa una fase decisiva de su trámite legislativo. Tras avanzar en el Senado, el proyecto llegó a la Cámara de Diputados, justo cuando este viernes 30 de octubre expira el plazo para que el Ejecutivo presente sus indicaciones.
La discusión se centra casi por completo en cómo financiar el nuevo sistema para asegurar que sea realmente accesible para todas las personas, especialmente mientras el desempleo femenino se mantiene por encima del 10%.
Según antecedentes recopilados por Radio Bío Bío, el Ejecutivo propondría reducir de 0,35% a 0,3% la cotización total del Fondo, a cargo del empleador. La rebaja se financiaría disminuyendo en 0,15% tanto el aporte destinado a las cuentas individuales de cesantía como el dirigido al Fondo de Cesantía Solidario.
Con este ajuste, el aporte a la cuenta individual pasaría de 1,6% a 1,45%, mientras que el del fondo solidario bajaría de 0,8% a 0,65%, sin elevar el costo laboral.
La alternativa implica una reducción menor para las cuentas individuales que la indicación presentada en el Senado, que establecía una baja de 0,2%.
Ayer, en el Congreso, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, señaló que estaba sosteniendo reuniones con la oposición y evitó anticipar el contenido de las indicaciones.
Clasificación de las empresas
En el ámbito político, una propuesta busca acercar posiciones al establecer que el aporte al Fondo de Sala Cuna varíe según la categoría de cada empresa, determinada por su facturación anual en Unidades de Fomento (UF).
La iniciativa contempla tres niveles. El primero corresponde a micro y pequeñas empresas, que aportarían un 0,25% de la planilla, financiado a partir de la Cuenta Individual de Cesantía y el Fondo de Cesantía Solidario, con contribuciones de 0,1% y 0,15%, respectivamente.
El segundo nivel incluye a las empresas medianas, cuyo aporte aumentaría a 0,35%. El Fondo de Cesantía Solidario conservaría su 0,15%, mientras que la contribución de la cuenta individual subiría a 0,2%.
Por último, las grandes empresas tendrían el mayor aporte, de 0,45%. Mantendrían la distribución establecida para el tramo anterior y sumarían un 0,1% adicional, financiado directamente por el empleador. Esta sería la única categoría en que la propuesta supone un costo para la empresa.
La diputada del PDG Tamara Ramírez afirmó que, luego de reunirse en el Congreso con el ministro Rau, se avanzó en la incorporación de algunas propuestas planteadas por ella.
Dado que el costo del servicio cambia entre territorios, todavía no está definido si se aplicará un copago. De implementarse, el Gobierno plantea entregar un complemento solidario a las familias pertenecientes al 60% más vulnerable.
