La defensa del ministro de Justicia, Fernando Rabat, desencadenó un conflicto que supera la discusión sobre su continuidad en el gabinete. La polémica por las rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores terminó enfrentando a la UDI y Republicanos, dos de las principales colectividades que apoyan al Gobierno de José Antonio Kast.
El debate ya no gira únicamente en torno a la responsabilidad del secretario de Estado. También pone de manifiesto distintas concepciones sobre el rol oficialista, la lealtad al Presidente y el margen de los partidos para objetar las determinaciones de La Moneda.
La controversia comenzó tras conocerse 56 rebajas de condena aprobadas entre marzo y septiembre. La Cámara de Diputados respaldó una resolución que pide la salida de Rabat y de los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira, mientras sectores opositores avanzan con la posibilidad de presentar una acusación constitucional.
Kast ha seguido respaldando al ministro pese a las presiones. Con esa postura busca reafirmar su autoridad, aunque también ha ahondado las discrepancias con algunos de sus aliados.
La UDI toma distancia y se niega a guardar silencio
Una de las manifestaciones más evidentes de descontento vino de la jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, quien criticó directamente los reproches de Republicanos hacia los parlamentarios que han puesto en duda la continuidad de Rabat.
En una entrevista con La Tercera, la diputada sostuvo que sus aliados confunden la lealtad con la falta de criterio político, y abrió así el debate sobre la independencia que deben conservar los partidos ante las decisiones presidenciales.
Weisse defendió además que su bancada pueda analizar una eventual acusación constitucional sin adelantar cómo votaría, aunque expresó reservas sobre los argumentos jurídicos que se conocen hasta el momento.
La disputa subió de tono cuando los diputados gremialistas Marco Antonio Sulantay, Mario Olavarría y Natalia Romero contestaron a los cuestionamientos republicanos. Señalaron que alertar al mandatario sobre las consecuencias de una polémica también puede ser una expresión de lealtad.
También instaron a sus socios a precisar si pretenden que la UDI deje el oficialismo, una señal de que el desacuerdo ya no se circunscribe al caso del ministro.
La posición gremialista, sin embargo, no es homogénea. El presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez, ha mantenido un tono más prudente y ha dicho que primero corresponde oír las explicaciones del secretario de Estado antes de pronunciarse sobre su permanencia.
Ramírez planteó que lo primero es escucharlo y permitirle defenderse.
Republicanos eleva sus críticas y apunta contra sus socios
Desde Republicanos, los cuestionamientos se han centrado en la distancia que algunos parlamentarios de Chile Vamos han intentado tomar del Ejecutivo.
El diputado Alejandro Riquelme reprochó a quienes piden públicamente que Rabat salga del cargo y acusó a esos aliados de no mostrar la lealtad política que, a su parecer, debieran tener al respaldar las decisiones presidenciales.
En términos similares, Agustín Romero defendió la decisión de Kast e instó a las colectividades oficialistas a respaldar al Gobierno mientras continúa la controversia.
La discusión también se trasladó a las instancias internas de Republicanos. BioBioChile informó que en un almuerzo de bancada hubo críticas a Chile Vamos por presuntos cálculos electorales y dudas sobre la viabilidad de formar una coalición más amplia a futuro.
Por su parte, el jefe de bancada republicano, Benjamín Moreno, cuestionó que algunos aliados hayan definido tan pronto su postura sobre la permanencia del ministro.
La UDI afirma que apoyar al Gobierno no significa dejar de criticarlo; Republicanos, en cambio, sostiene que las diferencias expresadas en público perjudican al Ejecutivo mientras enfrenta la ofensiva opositora.
Son posturas que no necesariamente se excluyen, pero que están complicando la convivencia dentro del oficialismo y mostrando lo difícil que resulta acordar una respuesta común ante las crisis.
Una disputa que trasciende el caso de Rabat
La académica de la Escuela de Gobierno y Administración Pública de la Universidad Mayor, María Pía Méndez, interpreta las críticas de algunos sectores de la UDI como un intento de marcar distancia de una decisión cuyos costos políticos no quieren compartir.
La especialista señala que, tradicionalmente, los partidos oficialistas han tendido a mantener una disciplina elevada y a respaldar en conjunto a sus autoridades cuando estas enfrentan controversias.
No obstante, a su juicio, el caso Rabat es diferente porque las discrepancias se han manifestado de manera pública.
Méndez afirmó que la tensión expuesta podría evidenciar una ruptura vinculada, probablemente, a lo que la UDI percibe como una pérdida sostenida de respaldo ciudadano a Republicanos.
Esta lectura sugiere que el distanciamiento gremialista podría responder a un cálculo político: impedir que el desgaste del Gobierno perjudique también la imagen del partido ante la ciudadanía.
El decano de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, ofrece una mirada más cauta y estima que aún es pronto para hablar de una fractura oficialista.
A su juicio, más que una ruptura, la UDI estaría buscando diferenciarse políticamente para evitar que respaldar al Presidente la haga corresponsable de decisiones en las que tiene poca incidencia.
Moreno considera que el episodio deja ver una dificultad de mayor alcance, relacionada con quién ejerce el poder y cuánto participan los aliados en las decisiones de La Moneda.
Advirtió que el caso Rabat expone una disputa más amplia por la participación en el poder: la disciplina oficialista, dijo, se sostiene cuando los socios intervienen en las decisiones, pero se resiente si solo deben cargar con sus consecuencias.
Desde ese punto de vista, el desacuerdo no se explica únicamente por la permanencia del ministro, sino también por el papel que corresponde a los partidos que respaldan al Ejecutivo.
El dilema de Kast: autoridad presidencial frente a unidad oficialista
En este contexto, Kast debe tomar una decisión cuyas repercusiones van más allá del futuro de Rabat.
Por un lado, sostener al ministro reafirma la autoridad presidencial ante las presiones opositoras y las de sus propios aliados. Pero, al mismo tiempo, mantiene abierta una polémica que deteriora los vínculos entre los partidos oficialistas.
La diputada Macarena Santelices, independiente de bancada UDI, adelantó incluso que el secretario de Estado podría dejar el cargo y describió la crisis como un “incendio sin vuelta atrás”, aunque precisó que no había hablado directamente con él.
BioBioChile también informó que Rabat habría presentado su renuncia, pero que el Presidente no la habría aceptado.
Méndez sostiene que, al tomar esta decisión, Kast asume personalmente el costo de la controversia sin lograr calmar las diferencias entre sus aliados.
Según la académica, el Presidente paga un costo político al proteger al ministro, pero esa decisión no reduce los conflictos dentro de la coalición.
La especialista agrega que preservar ante la ciudadanía una imagen de unidad y capacidad de gobierno debería ser una prioridad para el Ejecutivo.
Moreno, por su lado, observa una contradicción en el curso elegido por el Presidente: puede consolidar su autoridad sobre el gabinete y, a la vez, perder capacidad para conducir a los partidos.
El decano explicó que Kast podría imponerse en una disputa de autoridad, pero ver debilitada su conducción política.
Añadió que confirmar a Rabat deja claro que la decisión final corresponde al mandatario, aunque aumenta la tensión con la coalición que necesita para gobernar.
El peligro de confundir obediencia y gobernabilidad
El episodio plantea dudas sobre la capacidad del Gobierno para conservar el respaldo unido de sus aliados cuando surjan nuevas controversias.
La relación entre la UDI y Republicanos es clave no solo para contener el impacto político del caso Rabat, sino también para asegurar los acuerdos parlamentarios necesarios para impulsar la agenda legislativa del Ejecutivo.
Si las diferencias no se abordan de forma eficaz, podrían extenderse a otros debates, sobre todo cuando los partidos deban apoyar medidas presidenciales con las que no estén completamente de acuerdo.
Para Moreno, el fondo del problema reside en distinguir entre imponer autoridad y ejercer una conducción política que mantenga unidos a los aliados.
El decano concluyó que La Moneda corre el riesgo de confundir obediencia con gobernabilidad: tener autoridad sobre los ministros no asegura influencia sobre los partidos.
Por ahora, las discrepancias no implican necesariamente una ruptura entre la UDI y Republicanos. Aun así, el caso Rabat ha expuesto una tensión que podría aflorar de nuevo en futuras crisis: qué espacio tendrán los partidos para disentir del Presidente sin que sus reparos se consideren una señal de deslealtad.
Mientras Kast continúa respaldando al ministro, la polémica pone a prueba tanto su autoridad como su habilidad para gestionar las diferencias dentro de una coalición que necesita conservar unida para gobernar.
