La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados expresó su rechazo ante la posible delegación de labores jurisdiccionales por parte de Rosa Aguirre, ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, quien presuntamente habría confiado durante años la redacción de sentencias a una abogada externa, a cambio de pagos periódicos.
El caso fue reportado por La Tercera, que señaló que la jueza habría sostenido durante cerca de 20 años esta relación informal con la abogada Damaris Silva.
Por más de una década, habría efectuado pagos mensuales de $300 mil a la profesional mediante transferencias. Estos hechos dieron lugar a una demanda laboral interpuesta en Santiago, proceso que concluyó con un acuerdo financiero confidencial entre las partes.
Mariela Hernández, presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, afirmó que los antecedentes deben ser examinados en un proceso que respete el debido proceso y señaló que no corresponde emitir una conclusión definitiva antes de determinar las responsabilidades.
No obstante, advirtió que, si se corroboran los antecedentes, se estaría ante una infracción de extrema gravedad a la función jurisdiccional, pues la preparación y dictación de sentencias son atribuciones exclusivas de los jueces y no pueden encargarse a personas externas a los tribunales.
Por otro lado, el abogado laboral Aldo Fendez planteó que lo esencial es determinar de qué manera se prestaron efectivamente los servicios, independientemente de lo consignado por las partes en documentos o acuerdos.
Hernández también sostuvo que hechos de esta naturaleza afectan la confianza pública en la administración de justicia. Añadió que un posible acuerdo confidencial entre las involucradas no hace desaparecer el interés público del caso. Por ello, pidió que se aclaren los hechos cuanto antes y aseguró que, de confirmarse, la asociación los condenará de manera expresa.
