La presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, abordó el caso de la ministra Rosa Aguirre, quien, de acuerdo con una publicación de La Tercera, habría encargado a una persona ajena al Poder Judicial la elaboración de sus fallos.
Consultada por la prensa, la magistrada señaló que el pleno no está en condiciones de investigar directamente, pues quedaría inhabilitado si los hechos dieran origen a un sumario. Indicó que, por ahora, solo dispone de lo publicado y del informe que pidió a la ministra involucrada.
A partir de esos antecedentes se resolverá si se da inicio a una investigación sumaria o si se archiva por manifiesta falta de fundamento.
Donoso explicó que, de iniciarse un procedimiento disciplinario, este quedaría a cargo de un fiscal designado por sorteo entre los tres que integran la Corte. El fiscal podría ordenar diligencias y medidas cautelares y, posteriormente, formular cargos o proponer el sobreseimiento.
En cuanto a una eventual sanción, precisó que correspondería aplicar alguna de las establecidas en el Código Orgánico de Tribunales. La Corte de Apelaciones no está facultada para destituir a una ministra, aunque sí puede solicitar a la Corte Suprema que inicie un proceso de remoción.
Donoso informó que la ministra volvió a sus funciones el miércoles, después de una licencia médica, pero que el jueves le dijo que se encontraba mal. De acuerdo con su relato, un médico le señaló que requería una licencia y que debía tramitarse ese mismo día, si bien se desconoce su duración.
En relación con la preparación de las resoluciones, sostuvo que la responsabilidad administrativa, penal y civil recae en el juez. Añadió que la otra persona pudo haberse limitado a transcribir los fallos, algo que no constituiría una falta, razón por la cual solicitaron el informe.
“No quiero que se instale como un hecho que a la señora Rosa Aguirre le hicieron y le redactaron los fallos, porque, como les digo, existen muchas posibilidades de que algún ministro que no se maneja en el sistema computacional redacte sus fallos y se los dicte a alguien”, afirmó.
Acerca de las supuestas gestiones políticas vinculadas con su acusación constitucional, contó que conoció al ministro Antonio Ulloa hace cuatro o cinco años, durante un curso de la Academia. Manifestó dudas de que él hubiera intervenido en su favor y aseguró que no conversó con ningún senador. También sostuvo que la decisión del Senado fue jurídica y que, a su juicio, esas gestiones no fueron determinantes.
