La exministra y exvocera de Gobierno, Camila Vallejo, pidió al presidente José Antonio Kast que destituya al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en el marco de la polémica por las rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
En una entrevista con radio Nuevo Mundo, la militante del Partido Comunista criticó que, hasta ahora, la única consecuencia política en el ministerio haya sido la salida del subsecretario Luis Silva.
“El Presidente de la República debe hacer efectivas las responsabilidades políticas por el grave error cometido, algo que todavía no ha ocurrido“, señaló.
Vallejo consideró que Silva fue apartado tras difundir un video en el que detallaba su intervención en la firma de los decretos, sin haberlo comunicado antes al ministro, y no por la gravedad de lo sucedido.
“La salida del subsecretario parece deberse más a que grabó una especie de vocería, un comunicado en video que el ministro no autorizó, que a la gravedad de los hechos en que incurrieron“, afirmó.
Vallejo critica el respaldo de Kast a Rabat
La exvocera cuestionó que el Ministerio de Justicia modificara su criterio político sobre las peticiones para reducir condenas de personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. A su juicio, estas solicitudes se aprobaron administrativamente sin aguardar una resolución judicial, cuando los tribunales ya habían empezado a rechazarlas.
En este escenario, planteó que el impacto en las víctimas, sus familias y el sistema de justicia justifica la salida del ministro, y que no basta con ofrecer disculpas o destituir a un subsecretario.
“Resulta incomprensible. ¿Cómo puede el presidente José Antonio Kast continuar dando respaldo político a un ministro que ha mentido, modificado sus versiones y ocultado información, además de entregar antecedentes incompletos para insistir en culpar a otros o a la administración anterior?”, cuestionó.
Vallejo agregó que la polémica ha generado divisiones y tensión en el oficialismo, aunque subrayó que sus consecuencias van más allá de las discrepancias dentro de ese sector.
“Es, sin duda, una crisis política para el Gobierno y el oficialismo, que está dividido y bajo tensión. Pero, por encima de todo, está dañando la confianza en el sistema y afectando especialmente a las víctimas, y el Presidente de la República no puede desentenderse de ello“, agregó.
Por último, rechazó que lo ocurrido se atribuya a un problema del Estado o del funcionamiento del sistema, pues, según dijo, ese planteamiento dispersa la responsabilidad del Ejecutivo.
“Me sorprende que califiquen esto como un problema del Estado. Una vez más, con eso se diluyen las responsabilidades. Insisten en que el Estado es deficiente, burocrático y demás. Es una obstinación ideológica que evita asumir responsabilidades propias y presenta lo sucedido como una falla sistémica, pese a que hubo un grave error político que no ha tenido consecuencias políticas”, concluyó.
