Los presidentes de los partidos opositores y los jefes de bancada de la Cámara de Diputados y del Senado —desde la DC hasta el PC— llegaron este lunes a La Moneda para entregar una carta al presidente José Antonio Kast, quien está de gira por Europa, y reiterar su petición de que salga el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
En la misiva afirman que admitir el error en las rebajas de condena no es suficiente y ponen en duda que el secretario de Estado continúe al frente de la respuesta a la crisis.
Junto con reclamar su renuncia, pidieron dar a conocer los decretos que aprobaron o denegaron beneficios, elaborar un plan para revisar su legalidad y comenzar los procesos de invalidación que correspondan. Además, solicitaron medidas de apoyo y protección para las víctimas y sus familias.
Oposición demanda la renuncia de Rabat
La misiva cuestiona directamente al mandatario por la reacción del Gobierno ante las rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad.
“Usted afirmó que, frente a este error, su Gobierno estaría ‘a la altura’. Reconocer el error no basta. Estar a la altura exige reparar el daño provocado, hacer valer las responsabilidades políticas que correspondan y transparentar ante la ciudadanía todos los antecedentes”, señala el documento.
En esa línea, los partidos opositores vuelven a exigir que Rabat deje el cargo y objetan que pueda liderar el diálogo sobre cómo resolver la situación.
“Por ello reiteramos nuestra exigencia de que solicite la renuncia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat Celis, dada la gravedad de su error el Ministro ya no es interlocutor válido para el país y por lo mismo tampoco para nosotros como autoridades”, señala la carta.
La petición contrasta con la decisión de Kast de mantener al ministro y encomendarle la adopción de medidas frente a la controversia. Los representantes opositores también reclaman que el presidente ordene entregar todos los antecedentes: “La ciudadanía tiene derecho a saber cómo y por qué se adoptaron”.
“La única manera de empezar a subsanar este error es con la renuncia del ministro Rabat. Para nosotros, el ministro ya no es interlocutor válido. Y lo decimos así, porque ni la ciudadanía le cree al ministro Rabat, ni tampoco nosotros”, declaró la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans.
Solicitan difundir decretos y adoptar otras medidas
Como primera medida, piden que el Ministerio de Justicia entregue al Congreso y al público los decretos de rebaja de condena emitidos desde el 11 de marzo hasta ahora, protegiendo la identidad de las víctimas.
La solicitud contempla tanto los beneficios objetados en casos de delitos sexuales contra menores como aquellos concedidos a internos de Punta Peuco y Colina I. También incluye las peticiones que fueron rechazadas en ese período, con el propósito de “conocer en qué momento y por qué cambió el criterio”.
En segundo lugar, solicitan que el Ejecutivo proponga cómo examinar los decretos y establecer cuáles podrían dejarse sin efecto. La carta plantea: “Que el Gobierno presente a la brevedad un plan para la revisión de legalidad de cada decreto y el inicio de los procedimientos de invalidación que procedan”.
El tercer punto demanda un programa de asistencia para las víctimas y sus familias, que incluya informarles sobre la situación de sus agresores y analizar los riesgos que podrían enfrentar. En particular, piden “la identificación de las víctimas de cada caso y una comunicación directa y reservada que les informe de la situación de su agresor”.
Asimismo, solicitan “una evaluación de riesgo individual y medidas de protección coordinadas con el Ministerio Público y las policías”, además de apoyo psicológico, social y jurídico especializado.
La demanda se presenta el mismo día en que Rabat informó que instalará una mesa de trabajo sobre las víctimas para coordinar iniciativas legislativas y propuestas técnicas de organizaciones. En sus dichos, el ministro no especificó prestaciones como las que plantea la carta.
“Estas medidas no agotan las responsabilidades que corresponde establecer. Son, sin embargo, lo mínimo que el país espera de un Gobierno que ha hecho de la protección de la infancia y de las víctimas uno de sus compromisos centrales”, concluye la misiva.
