Una nueva iniciativa judicial se incorpora a las acciones contra ministros de la Corte Suprema por rebajar las penas de personas condenadas por delitos sexuales contra menores. Este lunes, el abogado Raimundo Palamara, exmilitante del Partido Republicano y representante de la Fundación Fuerza Ciudadana, presentó una denuncia por posible prevaricación judicial y pidió indagar 14 sentencias favorables a condenados.
Fuentes de Radio Bío Bío confirmaron que Palamara y el también abogado Maximiliano Murath, en representación de la Fundación Fuerza Ciudadana, ingresaron la denuncia ante el Ministerio Público durante la tarde de este lunes.
La presentación se suma a las acciones del Partido Nacional Libertario, cuya bancada analiza impulsar acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema por fallos que hicieron posible rebajar penas a condenados por delitos sexuales contra menores.
A diferencia de la iniciativa libertaria, la denuncia de Palamara apunta a que se determinen posibles responsabilidades penales de los jueces.
Las 14 sentencias cuestionadas
El escrito enumera 14 decisiones de la Corte Suprema dictadas entre 2022 y 2026 que beneficiaron a personas condenadas por violación y abuso sexual de menores.
Entre los casos se mencionan cinco fallos del 14 de abril de 2026. La denuncia indica que la mayoría que votó a favor estuvo conformada por los ministros Leopoldo Llanos y Jorge Zepeda, además del abogado integrante Eduardo Gandulfo.
Los denunciantes piden esclarecer si algunos magistrados actuaron con conocimiento de que contravenían una prohibición legal vigente, al aplicar criterios que hicieron posibles las rebajas de pena.
El documento, no obstante, admite que hay distintas interpretaciones jurídicas sobre cómo se aplica la ley y que apoyar estos beneficios no configura por sí mismo un delito.
Por esta razón, solicitan individualizar las responsabilidades y diferenciar a quienes apoyaron las resoluciones de los magistrados que se opusieron.
El vínculo con el caso Rabat
Uno de los fundamentos se relaciona con la investigación al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y al exsubsecretario Luis Silva. Ambos fueron denunciados por los diputados Luis Cuello y Juan Santana por posible prevaricación administrativa.
La Fundación Fuerza Ciudadana sostiene que si se indaga a autoridades del Ejecutivo por aplicar una interpretación específica de la ley, también deberían revisarse las sentencias judiciales que fijaron ese criterio.
En ese contexto, el documento plantea investigar las posibles responsabilidades de quienes establecieron la jurisprudencia invocada por Rabat y Silva, aunque señala que la responsabilidad penal de jueces no es igual a la de autoridades administrativas.
Entre las diligencias requeridas están reunir los expedientes judiciales, las actas de votación y los antecedentes que obran en poder del Ministerio de Justicia y Gendarmería.
Asimismo, se pretende aclarar cuáles rebajas permitieron efectivamente adelantar la libertad de los condenados y cuáles se concedieron para dar cumplimiento a resoluciones judiciales.
La denuncia también señala que hay limitaciones legales para perseguir penalmente ciertas actuaciones de integrantes de la Corte Suprema.
Mientras los libertarios consideran recurrir a acusaciones constitucionales, la acción presentada por Palamara suma una vía penal a la controversia por las rebajas de condenas. Corresponderá al Ministerio Público definir si investiga y hasta dónde llega ese proceso.
