Una sentencia del Segundo Juzgado de Letras de Coquimbo determinó que un establecimiento educacional no tomó las medidas necesarias para resguardar a un alumno de 12 años, quien fue atacado por un compañero durante los recreos.
El tribunal acogió la demanda de indemnización interpuesta por la familia y ordenó a la Fundación Educacional Colegio Santa Marta de Coquimbo pagar $5 millones por daño moral.
Los acontecimientos ocurrieron en julio de 2024, cuando el menor fue víctima de varias agresiones en el patio del colegio, perpetradas por otro estudiante de 14 años.
El tribunal concluyó que el colegio faltó a sus deberes de vigilancia y protección, aunque disponía de información que permitía prever posibles situaciones de riesgo.
Respuesta tardía del colegio
En el juicio, el establecimiento afirmó que puso en marcha sus protocolos y responsabilizó de los hechos a la conducta de un tercero.
No obstante, el tribunal estimó que las acciones adoptadas resultaron insuficientes para resguardar la integridad física y psicológica del alumno.
La sentencia objetó, en particular, que pasaran cinco días antes de comunicar lo ocurrido al equipo de Convivencia Escolar y que las acciones concretas para mantener separados a los estudiantes se aplicaran varias semanas más tarde, incluso después de observaciones del Juzgado de Familia de Coquimbo.
El fallo también señaló que las necesidades educativas especiales del estudiante que cometió las agresiones no liberaban al colegio de responsabilidad; por el contrario, requerían una supervisión adecuada a esas circunstancias.
Consecuencias para el estudiante y su familia
Los antecedentes presentados en el juicio acreditaron que el niño sufrió un trastorno de estrés postraumático, necesitó licencias médicas y no pudo participar en actividades del aniversario escolar.
Al final, tuvo que dejar el establecimiento, donde había cursado nueve años de estudios.
Su madre, además, acreditó que desarrolló un trastorno adaptativo relacionado con lo sucedido y con la manera en que el colegio respondió a las agresiones.
Rodrigo Valdivia Briceño, abogado de la familia, explicó que la demanda buscaba acreditar que el establecimiento no adoptó medidas preventivas y de resguardo apropiadas, pese a estar al tanto de los antecedentes.
Agregó que la Superintendencia de Educación detectó infracciones y sancionó al colegio con una multa.
En cambio, el tribunal desestimó la contrademanda del colegio contra los padres, que pretendía obtener el pago de $63 millones. También impuso al establecimiento el pago de las costas procesales, al concluir que la acción no tenía fundamento.
