El balance más reciente de Gonzalo Arenas es severo: califica lo ocurrido como una “catástrofe”, reconoce que el Gobierno atraviesa tensiones y señala que Fernando Rabat fue advertido de las consecuencias que podía traer la concesión de rebajas de condena. Aun así, mantiene la postura de respaldar al ministro de Justicia y encomendarle la tarea de corregir la situación.
En las últimas horas, el subsecretario vocero dejó en evidencia el complejo escenario que enfrenta La Moneda. El Ejecutivo admite que hubo fallas en los beneficios concedidos a condenados por delitos sexuales contra menores y por crímenes de lesa humanidad, pero busca sostener que esos errores no bastan para apartar a quien estuvo al mando de las decisiones.
Arenas reconoció que el Gobierno está bajo presión, en una semana en que el presidente José Antonio Kast comenzó su gira por Europa mientras la controversia sigue abierta. La señal del Ejecutivo fue presentar la respuesta política como encaminada: reconocer las equivocaciones, confirmar a Rabat en el Ministerio de Justicia y encomendarle al propio secretario de Estado liderar las medidas correctivas, antes de retomar la agenda.
Gonzalo Arenas defiende la permanencia de Rabat
Entre los antecedentes más significativos que expuso Gonzalo Arenas está que Fernando Rabat fue alertado de las posibles consecuencias de su criterio para conceder las rebajas.
Según relató, el ministro reconsideró su postura y luego participó en dos reuniones donde le expusieron distintos efectos que podía tener esa decisión.
Lo señalado agrega un componente político a una defensa del Ejecutivo que hasta ahora se ha apoyado, sobre todo, en fundamentos jurídicos. De acuerdo con el vocero, antes de que estallara la polémica hubo instancias en que se le advirtió sobre los posibles resultados de la medida.
Arenas planteó que Rabat pudo haber dimensionado entonces el aspecto político, pero decidió que, según su análisis, la interpretación de la Corte tenía suficiente solidez, madurez y continuidad. Añadió que hubo un error político, pues de otro modo no estarían enfrentando esta situación.
Arenas no precisó quiénes estuvieron presentes en esas reuniones ni qué advertencias específicas se formularon. Sin embargo, su relato indica que Rabat mantuvo su interpretación pese a haber recibido avisos sobre sus eventuales consecuencias.
Esto ha elevado las exigencias para justificar que siga en el cargo: junto con defender la base jurídica de las rebajas, La Moneda debe explicar por qué conserva su respaldo político al ministro que tomó esas decisiones.
Reconocer las fallas y continuar en el puesto
Arenas justificó que Rabat siga en su cargo al vincular su responsabilidad con la tarea de enmendar lo sucedido. Sostuvo que el ministro se ha reconocido responsable, ha admitido que cometió errores y se ha comprometido a corregirlos, tal como le encargó el Presidente.
Desde esa perspectiva, hacerse cargo implica continuar liderando las medidas correctivas. Esa es justamente la diferencia que separa al Ejecutivo de quienes, incluso en el oficialismo, creen que el costo político debe traducirse en la renuncia del ministro.
Para defender su continuidad, Arenas apeló a la utilidad de mantenerlo en el cargo: a su juicio, removerlo no contribuiría a solucionar el problema, mientras que el Presidente le encomendó encabezar una respuesta rápida y concreta que permita alcanzar el objetivo político.
Cuestionamientos políticos
Al mismo tiempo, Arenas pone en duda los motivos de quienes siguen impulsando el debate, en lo que describió como una ofensiva política:
A su juicio, los cuestionamientos se preparan y se despliegan deliberadamente a lo largo del tiempo para obtener la máxima visibilidad en una disputa política que, acusó, busca dar la oposición.
Al ser consultado por la gravedad de los antecedentes, los calificó de muy graves. También recordó que el Gobierno reconoció su equivocación y que Kast ofreció disculpas públicamente.
Arenas sostuvo que, ante una catástrofe como esta, todos buscan deslindar responsabilidades, aunque la jurisprudencia en que se basó la decisión estaba consolidada.
Sin embargo, las exigencias de renuncia al ministro ya se han extendido al oficialismo. Las peticiones formuladas por la UDI y RN evidencian que el conflicto también refleja desacuerdos sobre la forma en que el Gobierno debe responder a sus errores.
Argumentos jurídicos y respaldos que busca La Moneda
Frente a la acusación constitucional, Arenas intentó centrar el debate en las condiciones que exige ese procedimiento y llamó a los parlamentarios a analizar el caso conforme a esas reglas.
El vocero sostuvo que el Ejecutivo no está pidiendo lealtad al Gobierno, sino a la Constitución, y afirmó que no se cumple ninguna de las causales para una acusación constitucional.
Así, La Moneda debe atender dos frentes a la vez: conseguir respaldo ante la acusación y recuperar la confianza en su gestión de la crisis.
Arenas también solicitó un margen para explicar las decisiones gubernamentales. Indicó que, cuando disminuya la intensidad del debate, podrán detallar las medidas que adoptarán, cómo resolverán el problema, qué errores se cometieron y cómo el Gobierno y el país darán la cara, especialmente ante las víctimas.
