Una supuesta organización criminal que robaba vehículos en la región de Tarapacá y luego los llevaba a Bolivia para cambiarlos por dinero, drogas o armas quedó bajo investigación de la Fiscalía. Las indagatorias concluyeron con la llamada Operación Quirquincho.
Un total de 23 personas fueron formalizadas por su presunta vinculación con el grupo, entre ellas cuatro menores de edad. Se les imputan delitos de asociación criminal, lavado de activos, robo y receptación de vehículos, microtráfico de drogas y posesión ilegal de armas y municiones.
La causa, liderada por la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Tarapacá en conjunto con el SEBV de Carabineros, determinó que la banda habría estado activa desde 2024 y que sustraía vehículos de forma recurrente para trasladarlos posteriormente a Bolivia.
La fiscal regional de Tarapacá, Virginia Aravena, señaló que se atribuyen a los imputados 53 delitos asociados al robo y la receptación de vehículos, así como ilícitos relacionados con microtráfico de drogas y tenencia de armas y municiones.
Entre los antecedentes recopilados se estableció que seis de las personas formalizadas ya se encuentran recluidas en distintos centros penitenciarios del país. Pese a ello, presuntamente seguían organizando las operaciones desde prisión.
Según la investigación, tres imputados habrían asumido tareas de dirección, financiamiento y coordinación: daban instrucciones, encargaban el robo de vehículos y gestionaban su venta y traslado a Bolivia.
Dispositivos electrónicos para sustraer vehículos
En cuanto al funcionamiento de la agrupación, la Fiscalía identificó a miembros que cumplían labores operativas, localizando los automóviles requeridos por quienes los financiaban y robándolos de la vía pública.
Para cometer los delitos, empleaban equipos electrónicos especializados con los que podían programar llaves con chip y poner en marcha los motores en cuestión de minutos.
Tras ser robados, los automóviles quedaban a cargo de conductores llamados “chuteros”, quienes los llevaban a Bolivia a través de pasos no habilitados. En ese país, los vehículos se canjeaban por dinero, drogas, armas de fuego y otros bienes.
Cuatro personas más fueron detenidas en el procedimiento
Durante la audiencia también se formalizó a otras cuatro personas, detenidas en flagrancia en el operativo policial, por tenencia y tráfico de armas y municiones, tráfico y microtráfico de drogas, además de estafa.
Uno de ellos quedó en prisión preventiva y otros dos deberán cumplir arraigo nacional y firma periódica.
Respecto del cuarto imputado, la Fiscalía apeló ante la Corte de Apelaciones después de que el tribunal desestimara la prisión preventiva. Finalmente, se estableció un plazo de investigación de 180 días.
