La Corte Suprema solicitó antecedentes a la Corte de Apelaciones de Valparaíso en relación con el caso de la ministra Rosa Aguirre, tras conocerse que la magistrada presuntamente habría pagado por 17 años a una abogada externa para que redactara resoluciones judiciales.
La ex presidenta del tribunal de alzada, que es la segunda integrante con mayor antigüedad, presentó su renuncia y esta fue aceptada por la corte porteña. No obstante, el máximo tribunal optó por no tramitarla y pidió un informe acerca de los antecedentes del caso.
La resolución de la Corte Suprema representa otro contratiempo para Rosa Aguirre, quien está actualmente con licencia médica y pretendía poner fin a sus labores en la Corte de Apelaciones de Valparaíso mediante su renuncia.
La polémica comenzó después de que se hiciera pública una demanda de tutela laboral presentada por una abogada que, de acuerdo con los antecedentes, habría cobrado de Aguirre durante 17 años por preparar fallos judiciales.
El lunes 2 de noviembre, el máximo tribunal determinó no tramitar la renuncia de la jueza y pidió a la Corte de Apelaciones de Valparaíso un reporte sobre los antecedentes relacionados con la demanda laboral.
El pleno de la Corte Suprema fijó un plazo para que la corte porteña entregue la información solicitada, aunque por ahora no se ha informado cuánto tiempo tendrá para hacerlo.
Asociación de Magistrados apoya resolución de la Suprema
La presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas de Chile, Mariela Hernández, respaldó la decisión de la Corte Suprema y señaló que aceptar la renuncia de Aguirre podría haber complicado la identificación de posibles responsabilidades administrativas.
Hernández afirmó que la determinación del pleno de la Corte Suprema es coherente con la seriedad de los antecedentes que se han conocido públicamente sobre la ministra Rosa Aguirre.
También consideró adecuado que la Suprema no aceptara de inmediato la renuncia, pues hacerlo automáticamente habría podido impedir o entorpecer una eventual investigación sobre responsabilidades disciplinarias.
Tras un pleno extraordinario reservado, realizado el viernes pasado, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, indicó que los ministros del tribunal no están en condiciones de iniciar una investigación contra Aguirre.
Donoso explicó que una investigación o la solicitud de antecedentes podría inhabilitar a todo el pleno. Por eso, señaló, antes de decidir si se inicia un sumario administrativo, considera necesario contar con el informe de la ministra involucrada.
Expertos analizan los límites de la colaboración para redactar fallos
El caso reabrió la discusión sobre cuándo puede un juez recibir ayuda para redactar resoluciones y cuáles son los límites que impone el ejercicio de sus funciones.
Sobre este punto, Silvio Cuneo, académico de la Universidad Central de Chile, indicó que un magistrado puede recibir apoyo para transcribir sus decisiones, por ejemplo, si una limitación física le dificulta escribir.
Sin embargo, distinguió ese apoyo de la entrega de los antecedentes de una causa a alguien ajeno al Poder Judicial para que construya los argumentos y defina el contenido de una resolución.
Según explicó, es plenamente legal contar con alguien que cumpla una función similar a la de un secretario y a quien se le dicte el texto; también es válido utilizar un programa informático para dictarlo.
En cambio, sostuvo que no es apropiado entregar los antecedentes a una persona contratada que no forme parte del Poder Judicial para que redacte los fallos y fije sus fundamentos.
Así, el futuro de Rosa Aguirre en la Corte de Apelaciones de Valparaíso continúa pendiente, mientras la corte porteña prepara su respuesta a la solicitud de la Corte Suprema, en medio de los cuestionamientos por los antecedentes sobre la elaboración de fallos judiciales.
