En medio de la agenda legislativa orientada a restringir o impedir las rebajas de penas para condenados por delitos sexuales contra menores, la Comisión de Seguridad del Senado comenzó a analizar la propuesta del senador Karim Bianchi (IND). Entre sus medidas, el texto prohíbe de manera absoluta las penas sustitutivas para un conjunto de delitos, entre ellos el homicidio y graves ilícitos contra la propiedad cometidos con violencia o intimidación.
El proyecto, suscrito también por los senadores Andrés Longton (RN) y Juan Luis Castro (PS), recibió además el apoyo del Ejecutivo.
En particular, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, acudió a la comisión para exponer la posición del Gobierno: Respaldan la iniciativa, pero estiman que debe perfeccionarse en función de las distintas categorías de delitos, tarea que corresponde abordar en esta instancia.
El secretario de Estado explicó que el objetivo central del proyecto es impedir que se aplique una pena sustitutiva que permita cumplir la condena fuera de prisión.
“Tampoco se podrán aplicar penas sustitutivas por crímenes o simples delitos contra las personas o la propiedad cometidos con violencia o intimidación cuando la persona sentenciada tenga una condena previa por delitos de la misma naturaleza”, señaló.
Oposición cuestiona inconsistencias del Gobierno
La oposición criticó las ‘inconsistencias’ del Gobierno, que puso al ministro Rabat al frente de la tramitación de esta agenda —cuyo propósito final es cambiar el sistema de rebajas de penas—, pese a que fue él quien resolvió administrativamente reducir las condenas y luego liberar a decenas de personas condenadas por delitos sexuales contra menores.
El jefe de la bancada del PS, Juan Luis Castro, afirmó que la situación se ha extendido demasiado y que, pese a las disculpas, el perjuicio sigue sin repararse.
El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sostuvo que politizar la llamada ‘doctrina Rabat’ significa dejar de lado a las víctimas. Añadió que lo relevante es restringir las condiciones bajo las cuales estas personas condenadas pueden quedar en libertad.
Proyecto de tribunal de ejecución de penas
La Comisión de Constitución del Senado reactivó la discusión de una iniciativa que lleva ocho años en tramitación y que algunos ven como una solución clave al problema de las rebajas: la creación de un tribunal de ejecución de penas.
El diputado socialista Marcos Ilabaca explicó que la decisión sobre las rebajas de condena debe dejar de ser una atribución administrativa y pasar a resolverse judicialmente.
“Beneficios penitenciarios como la libertad condicional y la rebaja de condenas no pueden depender de un organismo administrativo. La decisión debe corresponder a una instancia judicial”, planteó.
Entre los principales obstáculos de la propuesta, que llegó al Senado hace dos años y medio y comenzó a debatirse recién este martes, está la falta de financiamiento.
Los parlamentarios de la comisión prevén que el Ejecutivo intentará actualizar el informe financiero y comprometer recursos para hacer posible el avance del proyecto.
