El exmandatario paraguayo Santiago Peña podría recibir una condena de hasta 15 años de prisión en el marco de la investigación que enfrenta por el caso de Ueno Bank, intervenido por las autoridades. Peña ha sido relacionado con la entidad, que recibió depósitos millonarios de distintas instituciones estatales durante su gestión.
La fiscal Verónica Valdez señaló en una conferencia de prensa que, según las calificaciones actualmente contempladas, la sanción podría llegar a 15 años de privación de libertad, al tratarse de varios hechos punibles en concurso.
Peña, de 47 años, asumió la presidencia en 2023 y fue removido de su cargo por el Senado el viernes pasado, luego de ser declarado culpable de "mal desempeño de funciones" en relación con el escándalo de Ueno Bank. En la investigación también figuran otras 27 personas vinculadas a Ueno y a sus compañías relacionadas, incluidos ocho exdirectivos del banco.
El fiscal Francisco Cabrera indicó que para los exdirectivos se contempla una posible condena de hasta 12 años.
El funcionario añadió que un eventual cambio en la calificación de los presuntos delitos también modificaría el marco de penas, aunque por ahora esa es la condena máxima a la que podrían enfrentarse.
El Ministerio Público presentó el sábado cargos contra Peña por presunta lesión de confianza en calidad de instigador y por administración en provecho propio como autor. La imputación se produjo después de que declarara durante una diligencia, horas después de su detención al concluir el juicio político.
Según el escrito fiscal, el expresidente "habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales" en Ueno Bank.
Asimismo, habría tenido anteriormente "una relación económica y corporativa" con Ueno Holding, grupo empresarial del que forma parte la entidad financiera intervenida.
La acusación precisa que Peña poseía acciones de Ueno Holding equivalentes al 1,58 % del capital de la firma, además de un certificado de depósito de ahorro en Ueno y un bono de la empresa Itti. Todas pertenecen al Grupo Vázquez, dueño del conglomerado empresarial.
De acuerdo con la acusación presentada por los diputados que impulsaron el juicio político, Peña vendió su participación en el conglomerado en marzo de 2025, cuando ya ejercía el poder.
Ese mismo sábado, tras una audiencia para definir medidas, el juez penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú sostuvo que Peña "debe estar bajo la figura de la prisión preventiva para garantizar su sometimiento a este procedimiento". El magistrado dispuso que permanezca en el Regimiento Guardia Presidencial, una unidad militar ubicada en Asunción, la capital del país.
