La Fiscalía paraguaya pidió apoyo a organismos internacionales y a las autoridades de Luxemburgo, país donde Ueno Bank, actualmente intervenido, cuenta con una sociedad matriz, para localizar y proteger los bienes y activos de las compañías y personas relacionadas con la entidad financiera.
Entre las medidas adoptadas este miércoles, el Ministerio Público remitió un "exhorto formal" al Gran Ducado de Luxemburgo para que "profundicen las investigaciones internas" y "puedan asegurar bienes con fines posteriores de decomiso" vinculados a Ueno, informó en una conferencia de prensa Manuel Doldán, fiscal adjunto de Asuntos Internacionales.
La intervención de Ueno Bank provocó una crisis que alcanzó al entonces presidente Santiago Peña, destituido mediante un juicio político por "mal desempeño de funciones". Peña sigue detenido en el marco de la investigación, en la que también fueron imputadas otras 27 personas vinculadas a Ueno y sus empresas relacionadas, incluidos ocho exdirectivos de la entidad.
Miguel Vázquez, fundador de Ueno Bank y actualmente en prisión preventiva, constituyó en Luxemburgo U Holding S.à r.l., sociedad que, de acuerdo con la imputación fiscal contra el expresidente, ejerce como "controlante" del banco por medio de U Paraguay S.A. El documento también señala que Francisco Peña Palacios, hermano del exmandatario, habría sido accionista de la empresa europea.
Doldán también informó que Paraguay recurre por primera vez a la llamada notificación plateada de Interpol, con el objetivo de localizar en el exterior bienes relacionados con el caso Ueno. En ese banco se depositaron al menos 800 millones de dólares de fondos públicos, en su mayoría de origen previsional.
El funcionario añadió que la Fiscalía mantiene una colaboración "muy de cerca" con las autoridades argentinas y analiza con ellas la creación de equipos conjuntos de investigación, pues Ueno recibía servicios de compañías que operaban desde el país vecino, entre ellas Itti.
Asistencia internacional
Doldán destacó que la Fiscalía paraguaya cuenta con "mucha colaboración de agencias internacionales", incluido el Instituto de Gobernanza de Basilea, con sede en Suiza, que ofrece asesoramiento técnico para la recuperación de activos.
Según Doldán, también se han solicitado aportes a Eurojust, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, y a la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), con sede en Luxemburgo, además de a la Asociación Iberoamericana de Ministerios Público.
El fiscal adjunto indicó que el Ministerio Público también utiliza herramientas como la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que facilita el intercambio de información entre países.
