Kast admitió que se cometió un error, aunque decidió mantener a Rabat en el cargo para enmendarlo. Tras la polémica por las rebajas de condena otorgadas a condenados por delitos sexuales contra menores, el presidente sostuvo que había que asumir la responsabilidad, corregir la equivocación y evitar que se repitiera.
En cuestión de semanas, el Ejecutivo dejó de presentar las decisiones de Fernando Rabat como una exigencia legal y pasó a respaldar la derogación completa de la Ley 19.856. Entre esos cambios de postura, anunció ajustes para elevar las exigencias y dejar fuera a ciertos condenados.
¿Conviene eliminar este mecanismo o enmendar su aplicación? Exministros, especialistas y representantes del ámbito penitenciario alertan que una respuesta a la crisis también podría perjudicar la reinserción y la seguridad.
Qué establece la Ley 19.856
La Ley 19.856 permite reducir las condenas de quienes demuestren una conducta sobresaliente: contempla dos meses menos por cada año de cumplimiento, cifra que sube a tres meses una vez alcanzada la mitad de la pena. La norma fija condiciones y exclusiones, y es distinta de la libertad condicional.
Con el descuento aplicado, se considera que la pena termina en la nueva fecha establecida. Así sucedió en casos dados a conocer por BioBioChile, entre ellos el del exagente de la CNI César Luis Acuña Luengo, sentenciado por el secuestro de cinco jóvenes que aún están desaparecidos, y el de Peter Andrés Rojas Gallardo, condenado por matar a un hombre de 83 años en Catemu. Ambos recuperaron la libertad tras recibir las rebajas.
El debate se centró en las limitaciones que se añadieron en 2022 para ciertos delitos sexuales contra menores. Rabat argumentó que no correspondía aplicarlas de forma retroactiva y fundamentó las concesiones en fallos de la Corte Suprema.
Quienes cuestionan su decisión ponen en duda esa lectura y que se aplicara administrativamente a casos que ningún tribunal había analizado de manera individual. Según plantean, debía rechazar las solicitudes y defender su interpretación ante la justicia.
De defender la aplicación de la ley a impulsar su derogación
Las declaraciones oficiales dan cuenta del giro en la respuesta del Gobierno:
21 de octubre: acatamiento de fallos. Rabat defendió las rebajas como una forma de cumplir sentencias de la Corte Suprema, pese a que los 56 beneficios objetados no se originaron en recursos individuales de amparo.
22 de octubre: modificar las condiciones. Anunció una reforma para evaluar los requisitos de acceso en el momento de presentar cada solicitud. La iniciativa buscaba cambiar el sistema.
23 de octubre: primera suspensión. Tras conocerse los beneficios otorgados a condenados por agresiones sexuales contra menores, comunicó que se detendría temporalmente el trámite de esos decretos.
25 de octubre: aplicar la norma y reformarla. Rabat dijo que, al estar obligado a cumplir la ley, la modificaría. Además, anunció ajustes para incluir a las víctimas y someter las solicitudes a revisión judicial.
6 de noviembre: propuesta de derogación total. El vocero Gonzalo Arenas confirmó que el Ejecutivo apoyaría una iniciativa parlamentaria y señaló que se buscaría resolver el asunto de raíz mediante la derogación íntegra de la ley de 2003.
9 de noviembre: paralización para todos los casos. Arenas informó que la suspensión se extendería a todos los delitos mientras avanzaba el proceso para derogar la ley. Hasta ese momento, el Ministerio de Justicia sostenía que debía seguir aplicándola en casos distintos de los delitos sexuales contra menores.
La opción de reformar frente a la de derogar
Gustavo Campos, investigador del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, estima que es válido discutir la eliminación de la norma y considera que se trata de un debate importante y necesario.
En términos políticos, plantea que esta alternativa permite al Gobierno trasladar la discusión al ámbito jurídico y legislativo, en línea con los argumentos que ha expuesto durante la crisis.
De todos modos, advierte que derogar la ley no resuelve las críticas sobre la forma en que se manejó el conflicto. A su juicio, la gestión política ha sido deficiente y la permanencia del ministro tiene un costo para Kast.
Joe González, expresidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, explica a BioBioChile que los beneficios penitenciarios pueden fomentar una buena conducta y aliviar la presión en las cárceles. Añade que también ofrecen esperanza a los internos que buscan transformar sus vidas.
González reconoce, no obstante, que algunas personas podrían intentar usar el mecanismo solo para reducir el tiempo de condena. El sistema, señala el también profesor y diplomado en Criminología y Derechos Humanos, no es perfecto y necesita mejoras.
Propone elevar los estándares de evaluación y dar mayor relevancia a los informes de Gendarmería. Según explica, las comisiones cuentan con antecedentes de distintas disciplinas sobre la conducta pasada y reciente de los postulantes, además de evaluaciones psicosociales, educativas y laborales.
Por esta razón, considera preferible mejorar el mecanismo antes que suprimir los incentivos. A su juicio, eliminar los beneficios no puede ser la única respuesta: se requieren controles adecuados para que quienes los obtengan puedan reintegrarse de manera positiva a la sociedad.
Las opiniones de exministros
Hernán Larraín, quien fue ministro de Justicia durante el gobierno de Sebastián Piñera, estima que derogar la ley podría empeorar la situación. En una carta publicada en La Tercera, advirtió que esa medida agrava el problema y alimenta el riesgo de que resurja el populismo punitivo.
Larraín está dispuesto a revisar el mecanismo y ampliar las exclusiones, pero objeta su eliminación si no se acompaña de una política integral de reinserción. Sin herramientas sólidas en esa área, escribió, no será posible reducir la criminalidad.
También sostuvo que la reinserción es un acto de humanidad con un importante efecto práctico. Desde esa perspectiva, instó a actuar con prudencia y sensatez para no prolongar la cadena de equivocaciones ni desencadenar una tragedia de corte shakespeariano.
Jaime Gajardo, exministro de Justicia durante el gobierno de Gabriel Boric, atribuye el problema a la forma en que se tramitaron las solicitudes de condenados por delitos sexuales contra menores.
En conversación con BioBioChile, explicó que su criterio era rechazar esas peticiones y defender esa decisión ante los tribunales. Si la justicia ordenaba otorgar el beneficio, correspondía acatar el fallo. Así, distinguió entre conceder una rebaja por instrucción judicial y hacerlo directamente a partir de interpretaciones de decisiones anteriores.
Luis Cordero, quien también fue ministro de Justicia en el gobierno de Gabriel Boric, planteó una alternativa institucional. El 25 de octubre señaló que las discrepancias sobre la interpretación de los beneficios penitenciarios podían abordarse mediante el proyecto de ejecución de penas, sin necesidad de aprobar una nueva ley.
La iniciativa para eliminar la ley de rebajas de condena
La propuesta que cuenta con el respaldo del Gobierno fue presentada por Andrés Longton (RN), Arturo Squella (Republicanos), Pedro Araya (PPD), Karim Bianchi (independiente) e Iván Flores (DC).
Sus impulsores argumentan que mantener una buena conducta en prisión no demuestra que una persona tenga un riesgo bajo de reincidir. También critican que no exista supervisión durante el período descontado.
El proyecto suprime las rebajas, aunque conserva la libertad condicional y los permisos de salida. Asimismo, incorpora una agravante para quienes cometan nuevos delitos durante el plazo descontado, una vez que la eventual ley entre en vigor.
El punto central del debate es si las falencias justifican eliminar el mecanismo o si bastaría con reforzar sus requisitos y controles. El Gobierno propone resolver el problema de raíz, pero aún debe determinarse si el origen está en la existencia del beneficio o en las decisiones que hicieron posible concederlo.
