Tras ser declarado culpable al término de 15 días de juicio oral, el médico ecuatoriano Alí Iván Cuadrado Chiriboga, responsable de emitir 4.533 licencias ideológicamente falsas, recibió una condena de cuatro años de cárcel. La pena fue reemplazada por libertad vigilada intensiva.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, el tribunal acreditó —luego del juicio oral efectuado entre el 25 de septiembre y el 21 de octubre– que el acusado emitió desde una clínica de Cerrillos 3.901 licencias para beneficiarios de Fonasa en 2018, además de otras 632 destinadas a afiliados de dos isapres entre 2017 y 2021.
La sentencia estableció que esos documentos daban cuenta de consultas, diagnósticos e incapacidades laborales sin que existiera una evaluación clínica real que los sustentara.
El fallo se fundó únicamente en prueba indiciaria, derivada de hechos coincidentes, varios de ellos múltiples, graves y concordantes.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) consideró llamativo el alto número de licencias emitidas, así como que se extendieran para distintos pacientes con apenas segundos o minutos de diferencia y que los periodos de reposo se repitieran por exactamente once días. También tuvo en cuenta la ausencia de respaldo clínico en diversos casos y la falta de fundamento de algunos diagnósticos de salud mental.
La sentencia otorgó valor probatorio a los antecedentes corroborados mediante los registros de la plataforma electrónica Medipass y la información aportada por organismos fiscalizadores.
Para determinar la autoría, el tribunal tomó en cuenta que las licencias fueron validadas con el perfil profesional de Cuadrado. Además, él admitió haber autorizado a otras personas a usar sus credenciales.
La defensa y la forma en que el médico ecuatoriano cumplirá la condena por emitir licencias falsas
La defensa sostuvo que pudo haber existido una presunta suplantación. Sin embargo, esa hipótesis fue desestimada, pues el médico no señaló que las licencias hubieran sido emitidas sin su autorización ni presentó denuncias por irregularidades durante el periodo investigado.
Los jueces también concluyeron que la práctica se mantuvo durante años y que el médico sabía que había atendido al paciente y comprobado su diagnóstico, elementos que permitieron establecer que actuó deliberadamente.
El condenado deberá cumplir cuatro años de reclusión bajo libertad vigilada intensiva por el mismo periodo. Además, tendrá que pagar una multa de 200 UTM (más de $14 millones) y afrontar cuatro años de inhabilitación efectiva para emitir licencias médicas.
La condena incluyó también las licencias rechazadas o cuyos periodos fueron reducidos, pues se consideró que el delito se consumaba al emitir cada documento con información falsa.
