El ministro de la Corte Suprema Jorge Zepeda y la abogada integrante Pía Tavolari cambiaron de manera drástica su postura en medio de la controversia por las reducciones de condena otorgadas a condenados por delitos sexuales contra menores: después de fallar reiteradamente a favor de pederastas, ahora resolvieron en su contra.
Así se desprende de tres fallos emitidos este martes por la Segunda Sala del máximo tribunal, revisados por la Unidad de Investigación de Bío Bío. En los tres casos, Zepeda y Tavolari votaron por rechazar los recursos de amparo y añadieron una prevención idéntica para explicar su nueva posición.
La controversia comenzó semanas atrás, cuando se informó que, durante la actual administración, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encabezado por Fernando Rabat, había otorgado al menos 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Aunque la mayoría de esos beneficios se concedió sin una orden judicial expresa, en otros casos el ministerio tuvo que hacerlo por instrucción de los tribunales. Esto también involucró al Poder Judicial en la polémica y puso en cuestión los criterios utilizados por los jueces.
En varias de esas resoluciones, Zepeda y Tavolari habían respaldado a los condenados, junto con el ministro Leopoldo Llanos, quien esta vez no integró la Sala. Ahora, en cambio, los dos primeros apoyaron una interpretación distinta sobre la aplicación de una reforma legal que, desde febrero de 2022, impide conceder rebajas de condena a ciertos autores de delitos sexuales contra menores de edad.
Pederastas sin rebaja
El primer caso es el de Luis Ernesto Brito Sepúlveda. De acuerdo con información obtenida por la Unidad de Investigación, el 8 de diciembre de 2018 recibió una condena de 10 años y un día de presidio por violar a una persona mayor de 14 años. El delito ocurrió el 21 de septiembre de 2017.
Brito, quien cumple su condena en el CDP Santiago Sur, recurrió a la justicia con apoyo de la Defensoría Penal Pública después de que la Comisión de Reducción de Condena lo dejara fuera del beneficio en 2025, aunque su defensa sostuvo que había tenido un comportamiento sobresaliente durante su reclusión. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso y este martes la Suprema confirmó ese fallo, con Zepeda y Tavolari entre quienes lo respaldaron.
El segundo caso es el de Jaime Alonso Acuña Rojas, sentenciado el 25 de abril de 2023 a siete años de cárcel por violar a una persona menor de 14 años. El hecho ocurrió el 25 de septiembre de 2020. Actualmente, cumple la pena en el Complejo Penitenciario Biobío.
En noviembre de 2024, la Comisión de Reducción de Condena de esa región resolvió excluirlo del beneficio por mayoría, pese al voto en contra de dos jueces de la instancia. Su abogada particular apeló ante la Corte de Apelaciones de Concepción y argumentó que aplicar a hechos anteriores la restricción legal aprobada en 2022 vulneraba sus derechos. Tanto ese tribunal como la Suprema desestimaron la solicitud.
El tercer condenado es Héctor Abelardo Madariaga Vásquez, quien el 3 de enero de 2023 recibió una pena de 11 años de presidio por reiterados delitos de abuso sexual y violación impropia contra una persona menor de 14 años. Los hechos ocurrieron entre 2012 y 2015.
Madariaga, recluido en el CDP Santiago Sur, también solicitó una reducción de pena alegando un comportamiento sobresaliente. Sin embargo, en noviembre de 2024 la Comisión de Reducción de Condena lo excluyó del beneficio por unanimidad. La Defensoría Penal Pública lo ayudó a recurrir, pero la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el amparo y el máximo tribunal confirmó ese pronunciamiento este martes.
El giro de Zepeda y Tavolari
El debate se centra en cómo debe interpretarse la Ley 21.421, publicada el 9 de febrero de 2022. La norma reformó el sistema de rebajas de condena por comportamiento sobresaliente y dejó fuera del beneficio a ciertos autores de delitos sexuales contra menores de edad.
La controversia atañe a quienes cometieron esos delitos antes de que la reforma entrara en vigor. En fallos previos, Zepeda y Tavolari habían apoyado decisiones favorables a los condenados, pues consideraban que aplicarles la nueva prohibición suponía agravar sus penas retroactivamente al prolongar el tiempo que debían pasar privados de libertad.
En los tres fallos dictados este martes, sin embargo, los dos magistrados votaron por rechazar los amparos y firmaron una prevención conjunta. En ella admitieron que dentro de la Suprema existen interpretaciones opuestas sobre esta materia.
En particular, Zepeda y Tavolari sostienen ahora que la reducción de condena es una expectativa, no un derecho adquirido. Desde esa perspectiva, las restricciones establecidas en 2022 se pueden aplicar de inmediato, incluso si los delitos ocurrieron antes, porque afectan un beneficio aún pendiente y no alteran la pena fijada originalmente.
En su prevención, ambos señalaron que la existencia de decisiones contradictorias hace necesario que la Corte Suprema busque dar certeza a sus fallos. Añadieron que la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley requieren respuestas coherentes para situaciones similares, y que cualquier cambio de postura debe justificarse adecuadamente.
Sin criterio definido
Como informó Bío Bío Investiga, y en contraste con lo que Rabat intentó plantear inicialmente como defensa, la Corte Suprema no cuenta con una posición consolidada sobre las rebajas de condena a violadores y abusadores de menores.
Para comprender el origen del debate, hay que remontarse a 2003, cuando el gobierno de Ricardo Lagos estableció un sistema de reducción de penas para personas condenadas que mantuvieran una conducta intachable. Casi 20 años más tarde, en 2022, el presidente Sebastián Piñera reformó la ley y excluyó expresamente del beneficio a los condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa dio paso, no obstante, a un conflicto entre dos posturas jurídicas: si la prohibición aprobada en 2022 también se aplica a quienes cometieron delitos antes de su entrada en vigor.
La Corte Suprema ha emitido resoluciones contradictorias, según la integración de su Segunda Sala, especializada en asuntos penales, e incluso según las posturas de los ministros que la conforman, como ocurre con Gajardo.
Varios de estos asuntos llegaron al máximo tribunal del país después de que los ministros de Piñera y Boric rechazaran de forma reiterada las solicitudes de los condenados.
