Fueron sentenciados por su participación en delitos cometidos durante la dictadura. Cuatro recibieron condenas por el homicidio de 38 campesinos en Paine; el quinto, por los secuestros de dos hombres que murieron en Quinta Normal. Aunque hoy están presos, buscan que el Estado también los reconozca como víctimas. Cada uno reclama $300 millones por los abusos que, afirman, sufrieron de sus superiores en el Ejército.
Los hechos se remontan a 1973 y 1974. Entonces tenían entre 18 y 19 años —eran menores de edad según las leyes de la época— y prestaban servicio en el Ejército, en los primeros meses de la dictadura de Pinochet. La demanda afirma que fueron maltratados, amenazados de muerte y obligados a participar en ejecuciones. Según su defensa, esas experiencias les dejaron secuelas psicológicas que aún padecen.
Evaluaciones psicológicas de carácter reservado consignan depresión grave, ataques de pánico e incluso antecedentes de conductas suicidas.
El documento afirma que, en esas operaciones, “las instrucciones estuvieron acompañadas de amenazas de muerte, intimidación mediante armas y referencias a un presunto estado de guerra”.
Para respaldar sus argumentos, los cinco citan los mismos expedientes judiciales que llevaron a sus condenas. En ellos se describe cómo los soldados dispararon a prisioneros en quebradas, cómo algunos sobrevivientes fueron ejecutados después y cómo enterraron los cuerpos.
El camión rojo de Paine
Magaña congregó a los soldados y les preguntó si alguno sentía temor. Como nadie respondió, les explicó el plan para la ejecución: dispararía dos veces con su pistola. La primera detonación indicaría que debían conducir a los prisioneros hasta una quebrada; la segunda sería la señal para matarlos.
La fecha era el 3 de octubre de 1973. El teniente Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau dirigía a un grupo de la Escuela de Infantería de San Bernardo que había llegado a la cuesta Chada, cerca de Paine.
Unas horas antes, los militares habían recorrido distintos asentamientos campesinos a bordo de un camión Dodge rojo. Algunos detenidos fueron sacados de sus viviendas; otros estaban presos en el cerro Chena. Uno se encontraba tan lesionado que no podía subir al vehículo sin ayuda.
En total, eran 14 hombres. Antes de llevarlos a la quebrada, los obligaron a quitarse la ropa y entregar sus pertenencias.
La declaración de Carlos Enrique Durán Rodríguez, quien entonces tenía 18 años y era conscripto, describió la escena. Su testimonio fue incorporado a la sentencia de la ministra Marianela Cifuentes.
Los prisioneros avanzaron en fila. Antes de llegar, Juan Núñez cayó al suelo, y Magaña ordenó al cabo José Hugo Vásquez que se hiciera cargo de él. El resto continuó hasta el fondo de la quebrada. Cuando los hombres estaban tendidos, se escuchó la segunda señal.
Durán contó que, en ese momento, “todos vaciaron sus fusiles disparando contra ellos”.
Uno de los detenidos aún tenía vida. Magaña lo mató con su pistola. Luego apilaron los cuerpos y los cubrieron con ramas.
Pasados 13 días, los militares volvieron a Paine y detuvieron a otras 24 personas, que llevaron a una quebrada próxima al lago Rapel. Allí también dispararon. Algunos sobrevivieron a la primera ronda de tiros, pero fueron ejecutados después. Sus cuerpos quedaron enterrados.
Cuatro de los actuales demandantes viajaban en ese camión rojo: Juan Dionisio Opazo, Víctor Reinaldo Sandoval, Carlos Enrique Durán y Roberto Mauricio Pinto.
Muchos años más tarde, la justicia determinó que eran responsables de los delitos. En junio de 2022, la Corte Suprema impuso a cada uno una pena de 10 años de cárcel efectiva por su participación como autores de 38 homicidios calificados.
Magaña falleció en 2021, antes de cumplir una pena de prisión.
Las instrucciones y el temor
Carlos Durán, de 18 años, describió las señales con la pistola que se usaron para coordinar los fusilamientos. También recordó que Magaña preguntó a los soldados si tenían miedo, pero ninguno respondió. De acuerdo con su testimonio, todos dispararon cuando recibieron la orden.
Juan Opazo tenía 19 años y participó en ambas operaciones. Relató que, antes de trasladar a los detenidos a las quebradas, los despojaban de sus pertenencias. También afirmó que Magaña disparaba a quienes seguían con vida. Opazo admitió que abrió fuego en los dos episodios, aunque dijo ignorar si había alcanzado a alguien.
Víctor Sandoval presenció desde el camión la primera ejecución, que custodiaba. Oyó los disparos y vio volver a sus compañeros sin los prisioneros. Para la segunda operación estuvo presente cuando Magaña hizo que los detenidos se tendieran, con el pretexto de que descansarían. Después ordenó disparar. Sandoval declaró que “todos cumplieron la instrucción, excepto Pinto”.
Con ello aludía a Roberto Pinto, quien aceptó haber disparado en la cuesta Chada, pero aseguró que no sabía si había matado a alguien. Al referirse al segundo fusilamiento, también dijo que se dio la orden de abrir fuego y que los soldados dispararon en ambas ocasiones.
La demanda incorpora, además, otros relatos que describen las condiciones dentro de la unidad.
Jorge Saavedra, otro conscripto condenado por los delitos de Paine, contó que un oficial le apoyó una pistola en el cuello cuando apuntó hacia un sitio distinto del que le habían indicado. El militar le ordenó disparar a los detenidos.
Juan Quintanilla, quien conducía el camión, hizo un relato similar. Dijo que un superior lo amenazó con que, si se negaba a disparar, terminaría junto a los detenidos.
La demanda cita estos testimonios para argumentar que los soldados afrontaban una presión que excedía las exigencias de la disciplina militar. Respecto de Opazo, por ejemplo, plantea que se vio ante la opción de “cumplir la orden o arriesgarse a que lo mataran”.
Los expedientes consignan esas amenazas, pero la justicia no las consideró suficientes para eximir a los soldados de responsabilidad penal.
Paine tiene, en proporción a su población, la cifra más alta de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante la dictadura. En el periodo comprendido entre septiembre y noviembre de 1973, la represión afectó a 70 hombres: 37 siguen desaparecidos y 33 fueron ejecutados.La mayor parte trabajaba en la agricultura y tenía vínculos con los asentamientos de la Reforma Agraria. Después del golpe, civiles confeccionaron listas con campesinos de esos lugares y las entregaron a militares y carabineros para que efectuaran las detenciones. De acuerdo con cifras oficiales, el 71% de las víctimas no pertenecía a partidos políticos.
Quinta Normal: “Ahora tú, el otro te toca a ti”
El caso del quinto hombre tuvo lugar casi un año después, en Santiago.
El 11 de septiembre de 1974, Gustavo Delfín Marambio Olmos, de 19 años, realizaba labores militares en dependencias del Parque Quinta Normal. Esa noche llevaron allí a dos detenidos: Agustín Contreras Santander y Manuel Valencia Cáceres. Ambos murieron.
El oficial de guardia, Juan Segundo Martínez Oyanedel, empezó a golpearlos. De acuerdo con declaraciones incorporadas por el ministro Mario Carroza, los detenidos también fueron agredidos con alambres colocados alrededor del cuello.
Marambio admitió que él también participó en las golpizas, pero sostuvo que actuó por orden de sus superiores.
Luego se utilizó un corvo. Marambio declaró que Martínez mató con esa arma a uno de los detenidos y después se la ofreció.
“Ahora te toca a ti; el otro es tu responsabilidad”, le habría dicho.
Marambio afirmó que se negó. El oficial reaccionó con violencia y acabó matando él mismo al segundo detenido.
Otros integrantes del Ejército también dijeron que Martínez amenazaba al personal con una pistola. Uno de esos relatos indica que el oficial advertía que daría de baja a quienes no obedecieran y que apuntó con el arma cuando algunos se resistieron a seguir.
La justicia examinó la participación de Marambio y finalmente lo condenó. En mayo de 2024, la Corte Suprema le impuso cinco años y un día de presidio efectivo por los secuestros calificados de Agustín Contreras y Manuel Valencia.
Los cinco demandantes cumplen actualmente sus condenas en Colina I. La acción judicial sostiene que las amenazas y la violencia que presenciaron les causaron daños psicológicos.
“Presión física y psicológica”
La defensa basada en la coacción ya había sido planteada durante esta causa. La ministra Marianela Cifuentes analizó si algunos acusados, entre ellos Sandoval y Pinto, actuaron bajo una fuerza irresistible o un miedo imposible de superar. Desestimó esa posibilidad porque estimó que no se había probado una amenaza tan extrema que les impidiera actuar de otra forma.
La defensa de Roberto Pinto sostuvo que el exconscripto no había actuado por voluntad propia. Argumentó que estuvo sometido a “presión física y psicológica” y solicitó, sin éxito, que se le eximiera de responsabilidad penal.
En conversación con BioBioChile, el abogado Ricardo Bravo Cornejo distinguió entre la responsabilidad penal por los crímenes y los posibles abusos que los soldados habrían sufrido a manos de sus superiores.
La demanda sostiene que “la responsabilidad penal por hechos cometidos contra otras personas y el daño que alguien experimenta en su propia integridad corresponden a ámbitos jurídicos diferentes”. Así, plantea que las condenas no impiden investigar si los superiores vulneraron los derechos de quienes estaban bajo sus órdenes.
El abogado cuestionó, además, el antiguo sistema procesal penal aplicado en el juicio, al que atribuyó “serias falencias estructurales en materia de imparcialidad, posibilidad de contradicción y ejercicio efectivo de la defensa”.
Exconscriptos de la dictadura presentan demanda contra el Estado
Los cinco afirman que las secuelas de esas vivencias continuaron incluso después de que dejaron el Ejército.
Según los antecedentes de evaluaciones psicológicas a los que tuvo acceso BioBioChile, los condenados enfrentan diversos problemas de salud mental, algunos severos. Los informes reservados mencionan depresión grave, ataques de pánico, pesadillas, angustia persistente y problemas para relacionarse con otras personas.
Uno de los examinados tiene también antecedentes de conductas suicidas.
Sin embargo, las evaluaciones señalan que aún debe establecerse qué parte de ese sufrimiento se vincula con las amenazas denunciadas y cuál podría explicarse por acontecimientos posteriores.
La acción judicial describe el padecimiento como una situación que “perjudicó su calma, equilibrio emocional y vida cotidiana, con efectos también en sus relaciones familiares y sociales”.
El abogado reconoce que será necesario demostrar el vínculo entre las amenazas y los problemas de salud. Señaló que “la existencia y severidad de las secuelas, así como su conexión causal con las amenazas alegadas, deben acreditarse para cada persona mediante antecedentes clínicos y peritajes especializados”.
La demanda acusa al Ejército de no cumplir con su deber de proteger a los jóvenes, quienes eran menores de edad según la legislación civil de entonces, ya que en Chile la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años.
Para fundamentar la responsabilidad estatal por las actuaciones de sus militares, también cita fallos de la Corte Suprema, entre ellos el caso Antuco. Asimismo, sostiene que la acción sigue vigente porque se relaciona con graves violaciones a los derechos humanos.
Cada demandante solicita $300 millones como compensación por daño moral. En conjunto, la defensa pide al Fisco $1.500 millones. El monto, de acuerdo con el escrito, toma en cuenta “el peligro para sus vidas, el uso deliberado del temor por parte de los mandos, su exposición a ejecuciones durante una etapa de formación y el impacto duradero en su vida personal”.
La justicia deberá resolver si los abusos ocurrieron como señala la demanda, si produjeron los daños alegados y si corresponde una reparación económica a cargo del Estado.
Mientras tanto, continúan vigentes las condenas por los crímenes cometidos en Paine y Quinta Normal.
