La oposición pretende remover al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condena otorgadas a agresores sexuales de menores y a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Con ese fin, presentó una acusación constitucional que objeta tanto las decisiones de su cartera como las respuestas que entregó ante el Congreso.
El documento, de 189 páginas y tres capítulos, acusa a Rabat de conceder beneficios que correspondía denegar, no realizar una evaluación especial en casos de lesa humanidad y proporcionar información incompleta o engañosa para respaldar su proceder.
Como sustento, los diputados recopilaron decretos, sentencias, oficios y diversos reportajes. Los cargos deberán ser revisados durante el proceso y confrontados con la defensa del ministro.
Entre las diligencias que solicitan, figura una consulta al presidente José Antonio Kast para saber si entregó instrucciones sobre los criterios aplicables a las rebajas.
Los capítulos de la acusación constitucional contra Rabat
El capítulo inicial se centra en los beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales contra menores. Según la oposición, el Ministerio de Justicia debió rechazar esas peticiones conforme a la exclusión legal incorporada en 2022.
La disputa radica en la aplicación de esa restricción a delitos cometidos antes de la reforma. Rabat ha argumentado que debía respetarse la irretroactividad y seguirse la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Los acusadores refutan esa postura con decretos de rechazo emitidos durante la actual administración y fallos que confirmaron dichas decisiones. A su juicio, el Ministerio podía denegar las solicitudes y sostener esa postura ante los tribunales, en vez de concederlas sobre la base de interpretaciones de otros fallos.
El libelo también menciona alertas de oficinas regionales e instrucciones internas que, según sus autores, seguían vigentes mientras el Ministerio aplicaba un criterio distinto.
“No hay constancia de que las haya dejado sin efecto o modificado, ni de que haya informado a sus servicios sobre el criterio utilizado en sus decretos”, afirma la acusación.
“En ese mismo periodo convivieron dentro del Ministerio dos posturas contradictorias”, añade.
Este capítulo también se refiere a la paralización de los procedimientos de rebaja de condena anunciada en octubre. Los diputados plantean que Rabat debía resolver las solicitudes, ya fuera aprobándolas o rechazándolas, en lugar de detenerlas mientras se tramitaban cambios legales.
“Si desde el 23 de octubre el ministro pudo abstenerse de conceder el beneficio, ninguna norma lo obligaba a otorgarlo durante los meses previos”, señala el documento.
Crímenes de lesa humanidad y las respuestas al Congreso
El segundo capítulo se ocupa de las rebajas concedidas a condenados por crímenes de lesa humanidad. En este punto, el planteamiento es diferente: el mismo libelo admite que la ley no prohíbe el beneficio por el solo hecho de tratarse de esos delitos.
“El reproche del segundo capítulo no consiste en haber concedido un beneficio prohibido”, aclara el texto. La objeción es que se habría otorgado sin efectuar una evaluación individual que, de acuerdo con los diputados, exigen los compromisos internacionales de Chile.
Los parlamentarios sostienen que debían ponderarse la gravedad de los crímenes, la cooperación con la justicia y el impacto en las víctimas y sus familiares.
“Las normas internacionales no obligan a negar todos los beneficios a estas personas, sino a evaluarlos de manera más rigurosa, individualizada y fundada. El cuestionamiento es que se omitió ese análisis”, indica el documento.
Para apoyar su argumento, la acusación cita tratados, fallos e informes del Ministerio de Justicia. Asimismo, contrasta decisiones sobre coautores de los mismos delitos cuyas solicitudes tuvieron resultados distintos.
“El acusado presenta los fallos como una obligación cuando respaldan conceder el beneficio, pero los deja de lado si justifican rechazarlo”, cuestiona el libelo.
“El Ministerio conocía la jurisprudencia que sostenía la postura contraria y optó por no seguirla”, añade.
El tercer capítulo cuestiona las explicaciones entregadas por Rabat. Los diputados lo acusan de faltar a la probidad “al faltar a la verdad, entregar información inexacta y omitir antecedentes relevantes” ante el Congreso y la ciudadanía.
También le atribuyen haber dejado fuera fallos que avalaban rechazos de su propio Ministerio cuando sostuvo que existía una jurisprudencia uniforme.
Otro aspecto objetado es el decreto de la administración anterior que Rabat mencionó durante el debate. En ese caso la víctima era adulta, aunque la sesión trataba delitos sexuales contra menores.
Sobre la base de estas diferencias, los parlamentarios acusan al ministro de intentar evadir su responsabilidad y traspasarla a las comisiones, la Corte Suprema y el Gobierno anterior: “Las tres afirmaciones responden a un mismo patrón: atribuyen a terceros la responsabilidad por decisiones que competen al acusado”, plantea el documento.
Los antecedentes y la consulta a Kast
El escrito incluye 106 documentos, entre ellos reportajes, decretos, sentencias, oficios, respuestas de instituciones y el registro de una sesión de la Cámara.
Los medios de comunicación contribuyen de manera importante a reconstruir los casos y las declaraciones de las autoridades. Entre los antecedentes figuran varios documentos oficiales que fueron obtenidos y difundidos por la prensa.
Junto con esos elementos, los diputados solicitan recopilar nuevos antecedentes. Piden convocar o invitar al exsubsecretario de Justicia Luis Silva, al subsecretario de Derechos Humanos Pablo Mira, al exministro Jaime Gajardo y a los seremis cuyas oficinas alertaron sobre las exclusiones establecidas por ley.
Además, solicitan correos electrónicos, minutas e instrucciones que ayuden a esclarecer cómo se definieron los criterios para conceder las rebajas.
La solicitud dirigida a Kast también está incluida en la lista. Los diputados piden que la Cámara consulte al Presidente, mediante un oficio, si entregó instrucciones sobre “los criterios con los cuales el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos debe hacer uso de la facultad delegada, en cuanto a la firma, de los decretos de reducción de condena”.
En la página 189 del libelo se incorpora esta petición, que solicita a la Cámara oficiar al Presidente para que precise si dio instrucciones y, de ser así, cuáles fueron los criterios establecidos.
De esta manera, la oposición solicita que la Cámara permita que la acusación avance al Senado, donde se analizarán los cargos y se decidirá si corresponde la destitución.
Este lunes, la Sala de la Cámara informó sobre la acusación y sorteó a los integrantes de la comisión que la revisará. El grupo quedó compuesto por tres miembros de oposición y dos oficialistas: Lorena Pizarro (PC), Raúl Soto (PPD) y Lorena Fries (FA), además de Carlos Chandía (RN) y Germán Verdugo (PNL). La comisión estudiará los antecedentes y la respuesta del ministro, y luego elaborará un informe para que la Sala vote.




