Falta de información, respuestas emitidas fuera del plazo y documentos proporcionados en formatos diferentes de los requeridos fueron algunos de los problemas identificados por el Consejo para la Transparencia (CPLT) en una fiscalización sobre solicitudes de información pública acerca de las listas de espera del sistema de salud.
Entre los 31 organismos revisados, el 87% incurrió en al menos una falta al procesar y contestar solicitudes referidas a casos vigentes al 31 de diciembre de 2025 y a pacientes que egresaron de las listas de espera entre 2024 y 2025.
La evaluación, efectuada en 2026, incluyó a los 29 servicios de salud del país, la Subsecretaría de Redes Asistenciales y el Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Las peticiones de información no solicitaban nombres ni antecedentes personales de pacientes.
Entre las faltas más frecuentes, 22 organismos proporcionaron información incompleta, siete contestaron después del plazo establecido y cuatro remitieron los datos en formatos diferentes a los pedidos. En algunos casos, por ejemplo, enviaron tablas en Word o PDF en vez de planillas Excel.
La revisión incluyó además los sumarios administrativos iniciados en 2024 y 2025 por dificultades en la gestión de las listas de espera. En este segundo análisis, que abarcó 65 solicitudes a raíz de derivaciones a hospitales autogestionados, el 22% tuvo algún incumplimiento, como ausencia de respuesta, información parcial o contestaciones fuera de plazo.
También se detectaron dificultades para rastrear las solicitudes derivadas: 11 de las 35 no recibieron respuesta ni registro de ingreso en el establecimiento al que fueron remitidas.
Por su parte, la Subsecretaría de Redes Asistenciales contestó tardíamente y de forma parcial una solicitud relacionada con las metas de reducción de listas de espera en hospitales autogestionados. Entregó datos sobre prestaciones No GES, pero no incluyó los correspondientes a las Garantías Explícitas en Salud (GES).
En total, 42 de las 97 solicitudes procesadas presentaron incumplimientos, lo que representa el 43% del conjunto. El CPLT señaló, además, que las dificultades ya se habían observado en una fiscalización previa, efectuada en 2024: 22 organismos registraron faltas en ambos procesos y 13 volvieron a cometer el mismo tipo de infracción.
La presidenta del CPLT, María Jaraquemada, planteó que las personas requieren datos completos y entregados a tiempo para entender cómo las instituciones enfrentan un asunto tan sensible como las listas de espera.
Como otro hallazgo, el Consejo verificó que apenas 10 de los 29 servicios de salud difundían estadísticas sobre listas de espera en sus sitios web. El organismo valoró esta práctica, pese a que no es un deber legal.
El CPLT es un organismo autónomo que supervisa el cumplimiento de la Ley de Transparencia y puede ordenar investigaciones sumarias y aplicar multas, en los casos contemplados por la ley, equivalentes a entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual de la autoridad o jefatura responsable.




