El Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda pidió al presidente José Antonio Kast restablecer los fondos que permitan mantener el programa en 2027 y solicitó al Ministerio de Justicia que detalle cómo garantizará su financiamiento. Durante el debate presupuestario, los recursos destinados a esta labor quedaron en apenas $1.000.
“Solicitamos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la Subsecretaría de Derechos Humanos que comuniquen públicamente, a la brevedad, qué medidas y gestiones específicas llevarán adelante para asegurar este objetivo”, indica el comunicado.
El texto cuenta con las firmas de representantes de agrupaciones de familiares, entidades de derechos humanos, el mundo académico, el INDH y la Iglesia Católica. Sus autores alertan que podrían verse afectadas las tareas de búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la dictadura y la entrega de sus restos a sus familias.
En respuesta a una consulta de BioBioChile, la Subsecretaría de Derechos Humanos afirmó que el Gobierno intentará recuperar los fondos durante el debate en el Senado y que realizará gestiones para asegurar la continuidad del plan.
Piden explicaciones a Kast y al Ministerio de Justicia
El Comité de Seguimiento y Participación acompaña la implementación del Plan Nacional de Búsqueda. Está integrado por representantes de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, organizaciones de derechos humanos y la academia. Su presidenta es Erika Hennings, quien también encabeza Londres 38.
Según el comité, restituir el financiamiento depende de que el Ejecutivo adopte una decisión en las etapas que restan de la discusión del Presupuesto 2027.
“No corresponde tratar esta situación como un tema únicamente administrativo ni como un resultado inevitable de la discusión parlamentaria. Para que el Plan continúe, el Ejecutivo debe tomar una decisión y concretar acciones”, plantea.
Quienes firmaron el comunicado solicitan al presidente que promueva la restitución de los recursos y exigen a Justicia y a la Subsecretaría de Derechos Humanos que informen públicamente sobre las medidas que han tomado.
“El Plan Nacional de Búsqueda debe continuar. No puede limitarse a $1.000 ni quedar sujeto a la voluntad de un gobierno”, señalan.
Entre los firmantes figuran Erika Hennings, presidenta del comité y de Londres 38; Alicia Lira, quien preside la AFEP, y Yerko Ljubetic, director del INDH.
El origen de la asignación de $1.000
La propuesta inicial del Gobierno incluía financiamiento para el Plan Nacional de Búsqueda a través de partidas del Servicio Médico Legal y del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
La Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos rechazó esas glosas por unanimidad. Más tarde, la Comisión Especial Mixta confirmó el rechazo.
El comité reprocha al Ejecutivo no haber gestionado la restitución de los recursos antes de la votación en la Cámara. Según señala, el 11 de noviembre la Sala aprobó la partida de Justicia con 85 votos a favor y 59 en contra, sin votar las glosas que habían sido rechazadas.
Los firmantes sostienen que, como resultado de ese proceso, el plan quedó con una asignación simbólica de $1.000. Por ello, pretenden revertir la situación antes de que concluya la tramitación del presupuesto.
Subsecretaría dice que gestionará la restitución de los fondos
La Subsecretaría de Derechos Humanos informó a BioBioChile que la iniciativa presupuestaria del Ejecutivo considera $1.187 millones para el Plan Nacional de Búsqueda, destinados a labores de personal y trabajo en terreno.
“En el transcurso de la tramitación presupuestaria, el Poder Legislativo modificó una glosa de la ley relacionada con el Plan, como parte de sus atribuciones y del proceso de discusión del presupuesto”, explicó.
Ante esta modificación, indicó que “el Ejecutivo espera reponer estos recursos durante la discusión en la Cámara Alta, con el propósito de resguardar el financiamiento necesario para el desarrollo de las funciones sustantivas del Plan”.
La entidad añadió que seguirá comprometida con las búsquedas y el apoyo a las familias. “Como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nuestro compromiso es mantener el Plan Nacional de Búsqueda y proteger el avance de las diligencias, junto con la atención y el acompañamiento a los familiares”, afirmó.
“Por esta razón, realizaremos las gestiones necesarias para recuperar los recursos y disponer del financiamiento que permita continuar con estas tareas”, añadió.
Las familias aún esperan respuestas
El Plan se puso en marcha oficialmente en 2023, durante la administración de Gabriel Boric, con el propósito de esclarecer qué ocurrió con las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura.
De acuerdo con las cifras del comité, entre las 1.469 personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas cuyos restos no fueron entregados, 307 han sido halladas e identificadas. Otras 1.162 siguen pendientes de búsqueda e identificación.
“No es un programa secundario ni una iniciativa que deba depender de las prioridades momentáneas de un gobierno. Es una política de Estado”, afirma el comité.
La inquietud por el presupuesto ya había surgido en octubre. En esa ocasión, la Subsecretaría reconoció ante BioBioChile que los recursos se habían reducido, pero aseguró que las búsquedas proseguirían y explicó que el ajuste respondía a una planificación más eficiente del gasto. Esa declaración se produjo antes de los rechazos que ahora denuncia el comité.
“La búsqueda de las personas detenidas desaparecidas continúa. Sus familias aún esperan verdad y justicia. El Estado está obligado a responder”, concluye el comunicado.




