La Contraloría General de la República identificó una situación preocupante: más de 300 personas que trabajan en el Estado tienen condenas vigentes. La mayor parte de ellas cumple funciones en el gobierno central.
El hallazgo aparece en el nuevo Consolidado de Información Circularizada (CIC) N.º 29. El organismo detectó que más de 300 trabajadores de la administración estatal fueron condenados por crimen o simple delito, pese a la prohibición explícita de la Ley N°18.575: quienes reciben una condena por crimen o simple delito no pueden trabajar en la administración del Estado.
El resultado surgió al contrastar los datos del Registro Nacional de Condenas del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCEI), el Servicio Electoral (SERVEL) y el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER). El cruce permitió identificar a 315 funcionarios y servidores públicos vinculados con 317 registros de condenas.
Según el detalle, 149 de esas personas trabajan para el gobierno local y 166 para el gobierno central.
Los organismos con más funcionarios condenados que trabajan en el Estado
Entre los servicios que reúnen más personas condenadas en sus filas, Carabineros encabeza la lista con 84 funcionarios; le siguen el Ejército, con 22, y la Armada, con 8.
En tanto, la Municipalidad de Valdivia cuenta con 6 funcionarios condenados; la Fuerza Aérea, con 5; y las municipalidades de Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán y Puerto Montt, con 4 cada una. La Municipalidad de Tocopilla registra 3.

En cuanto a los delitos, 73 condenas fueron por crímenes y 244 por simples delitos. También se estableció que dos de los 315 funcionarios tienen más de una condena registrada.
El Consolidado señala que, del total, “41 condenas están asociadas a delitos incluidos en el Título V del Libro II del Código Penal, relativos a crímenes y simples delitos cometidos por empleados públicos en el ejercicio de sus funciones. Estos casos representan el 13% del universo”.

Contraloría instruye investigaciones
Frente a estos antecedentes, la Contraloría dispuso que las reparticiones involucradas abran investigaciones para establecer posibles responsabilidades administrativas por no haber comunicado la condena al jefe de servicio. También ordenó iniciar el proceso para aplicar la inhabilidad sobreviniente, que, según el informe, “se configura por una situación posterior al ingreso a la Administración del Estado que imposibilita a una persona continuar en un cargo público”.
Además, las instituciones deberán señalar si las condenas se consideraron y evaluaron a tiempo en los procesos de calificación, conforme a los criterios de comportamiento social y probidad funcionaria.
Consulta aquí el informe de Contraloría:




